Algunos empiezan a llamarlo ya “la tormenta perfecta”. Desde que el 1 de octubre Catalunya celebró el polémico referéndum por la independencia – considerado ilegal por el gobierno español- las relaciones entre Catalunya y España se resquebrajan ante la incapacidad de los políticos de turno para poner una solución a un conflicto político que ha terminado con hacer brotar el nacionalismo en ambos lados y sacar a la ciudadanía a la calle.

El lunes, pocas horas después de que el presidente catalán Carles Puigdemont obviara el requerimiento del gobierno español de aclarar si la semana pasada declaró o no la independencia de España, una juez de la Audiencia Nacional decretó cárcel preventiva sin fianza a los presidentes de la dos principales plataformas ciudadanas independentistas de Catalunya, la Assamblea Nacional (ANC) y Òmnium, por posibles cargos de sedición.

La detención de los dos líderes populares, Jordi Sánchez y Jordi Cuixar, ha indignado a la ciudadanía catalana, principalmente a los separatistas, que lo ven como una medida judicial desproporcionada y un intento por frenar la libertad de expresión. El mismo presidente catalán, Carles Puigdemont, tuiteó ayer que en España volvían a ver “presos políticos”, algo que no sucedía desde la época de Franco.

Los dos detenidos están acusados de haber movilizado a miles de personas frente a la Consejería de Economía de Catalunya, en Barcelona, para impedir que los agentes de la guardia civil española pudieran salir del edificio cuando estaban cumpliendo con una orden de registro relacionada con el referendum "ilegal". Los hechos se produjeron el pasado 20 de septiembre,  fecha en que se produjeron diversos registros policiales y detenciones de funcionarios catalanes, siguiendo instrucciones de la Fiscalía encaminadas a detener el referéndum del 1 de octubre. En esos días Madrid ordenó también el desplazamiento de centenares de policías nacionales y agentes de la guardía civil a Catalunya, que cuenta con su propia policía regional. 

La Fiscalía sostiene desde entonces los cargos de sedición contra los líderes de ANC y Omnium, plataformas ciudadanas con una enorme capacidad de movilización en Catalunya. Las dos organizaciones se hicieron especialmente fuertes a partir del 2012, cuando el gobierno catalán vio frustrado todo intento de que Madrid aprobase un nuevo Estatuto de autonomía, es decir, una nuevo pacto político con España para lograr mayor autonomía fiscal. El Estatuto había sido aprobado por el parlamento catalán y el congreso de los diputados en Madrid, pero la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Este hecho fue un detonante en el auge del separatismo catalán, que fue espoleado por la ANC, Omnium y también por el partido entonces en el poder, CiU. Conseguir un referendum legal ha sido desde el 2012 su principal petición a Madrid, que se aferra a la idea de que cualquier referendum de autodeterminación es ilegal. 

La guerra del gobierno central contra ANC y Òmnium empezó pocos días antes del referendum. Las webs y cuentas cuentas de móvil en el extranjero de ambas entidades han sido  bloqueadas en diversas ocasiones. Sin embargo, tanto la ANC como Omnium siguen estando al frente de la enorme movilización ciudadana. Fue en buena parte gracias a su poder de convocatoria y organización que fue posible la celebración del polémico referéndum del 1 de octubre. Consiguieron que miles de ciudadanos “ocuparan” las escuelas electorales durante el fin de semana para evitar que fueran precintadas por la policía.

Es cierto que muchas escuelas electorales permanecieron abiertas durante el referendum, pero el plebiscito no pudo evitar diversas irregularidades, como la confiscación de papeletas por parte de la policía o los ataques cibernéticos al sistema de cuento de votos por parte del gobierno central.  A parte de esto, en diversas escuelas la policía antidisturbios arremetió con violencia contra los votantes que protegían las escuelas. Según el gobierno catalán, más de 700 personas resultaron heridas por los porrazos y empujones de la policía. Las escenas de brutalidad de la policía española cargando contra los votantes -muchos de ellos, gente mayor – dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en portada de la prensa internacional. Unas imágenes nada favorecedoras para la democracia española, y en especial nada buenas para el gobierno del primer ministro español, Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular.

El hecho de que ayer una juez ordenara el encarcelamiento de dos líderes de asociaciones ciudadanas separatistas sin poder político tampoco ayudó demasiado, ya que a los ojos del mundo puede ser interpretado como una clara represión a la libertad de expresión. Las manifestaciones convocadas frente a la Consejería de Economía el pasado 20 de setiembre, así como todas las manifestaciones en pro de la independencia convocadas por la ANC y Omnium en los últimos años, han sido pacíficas.

El siguiente paso en el culebrón catalano-español es ver qué ocurrirá el jueves, plazo final que ha dado el gobierno español al president Puigdemont para que aclare si la semana pasada declaró o no la independencia.  En base a los resultados del polémico referéndum (en el que participó un 42% de la población catalana – 2,2 millones de personas –   y el “sí” ganó en un 90%), Puigdemont reunió al Parlamento regional la semana pasada para anunciar que declaraba la independencia de Catalunya, pero que la suspendía “unas semanas” para conseguir el diálogo con Madrid. La presión para que no dicte la declaración de independencia está llegando de la propia sociedad empresarial catalana, que ha visto como decenas de empresas mudaban su sede social fuera de Catalunya para proteger a sus inversores. También el sector turístico catalán ha empezado a dar señales de caída de las reservas hoteleras.

El gobierno central, por el momento, ha rechazado todo tipo de diálogo hasta que Puigdemont que aclare su respuesta. El lunes, el presidente catalán optó por enviar una carta a Rajoy, alegando que lo que quiere es negociar con él para llegar a un acuerdo sobre Catalunya en los próximos dos meses.  Rajoy contestó con otra carta, pidiendo que regrese a la legalidad y que diga antes del jueves si declaró o no la independencia. En caso afirmativo, el gobierno estatal aplicará el artículo 155 de la Constitución, que implica la suspensión de los poderes autonómicos de Catalunya y la consecuente convocatoria de elecciones regionales.