Pocos han sido los casos en los que el presidente ha caminado sobre sus pasos en decisiones, sobre todo cuando de inmigración se trata.

Pero desde un principio, Trump ha considerado el tema de los Dreamers un asunto delicado. Sin embargo, eso no le impidió poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), poniendo al Congreso entre la espada y la pared para lograr conseguir una solución a más de 800.000 jóvenes que han hecho de Estados Unidos su país desde que tienen memoria.

No podemos sino coincidir con Angelo Falcón (columnista del National Institute for Latino Policy), en que esto se trata de “la segunda temporada del reality televisivo de la Casa Blanca”.

A pesar de la mediatización del asunto, la realidad es una: millones de inmigrantes están sufriendo el llamado “reino del terror” de Donald Trump, sintiéndose perseguidos, estigmatizados y acorralados en su propio país. Según Falcón, estas medidas han logrado que “menos inmigrantes reporten crímenes y que sectores específicos de la economía, especialmente la agricultura, sufra recortes laborales”.

Entre el fin del DACA y la suspensión del Estatus Temporal de Protección (TPS) a varios ciudadanos provenientes de Centroamérica, la incertidumbre está a la orden del día.

Encuestas nacionales han determinado que el 73% de los estadounidenses apoyan la restauración de DACA, mientras el 60% se opone a la construcción de un muro en la frontera con México. Estos resultados de opinión popular hacen más cuesta arriba una decisión legislativa que incluya la voluntad del pueblo y los caprichos del presidente.

A pesar de la campaña de los demócratas por una ley DACA “limpia” (es decir, que no incluya estratagemas negociables), los Republicanos insisten en que se vea conectada directamente con un aumento en la seguridad fronteriza y la interdicción de drogas, mientras el presidente suma a la discusión su anhelado muro.

Con una mayoría republicana en ambas cámaras, lograr un proyecto de ley “limpio” es casi imposible. De la misma manera, la yuxtaposición de una solución a los dreamers con un aumento en el presupuesto de seguridad fronteriza resulta inconsistente, considerando que en este momento Estados Unidos ya dispone de 13.6 mil millones de dólares en seguridad migratoria, con 20.000 agentes patrulleros que han dado como resultado el índice histórico más bajo en los cruces de frontera. Esto pareciera implicar que un aumento en el presupuesto tan sólo conllevará a otras medidas dentro del territorio, como la vista el pasado miércoles en la redada nacional a establecimientos del 7-Eleven.

En vista del optimismo fallido en lograr un acuerdo entre ambos partidos y el mismo presidente, medidas como la del juez William Alsup de California – quien emitió un alivio temporal el pasado miércoles que ordena la consecución del programa “mientras se deciden las demandas en contra de la eliminación de este” – permiten contener (cuando no, resistir) la cadena de vacíos legales que ponen en peligro la estabilidad y el destino de tantos inmigrantes.

Según explicó el New York Times, la decisión de Alsup permite que los beneficiarios de DACA sigan solicitando la renovación de su permiso, en contra de lo estipulado por la Administración Trump.

Para la cónsul de México en San Antonio, Reyna Torres Mendivil, este paso sería “fundamental, pues proviene del Poder Judicial”. Mendivil aseguró que este gesto sería síntoma de “un mayor consenso sobre los beneficios que dejan los dreamers a Estados Unidos”.

“Hay una estadística de que Texas perdería dos mil maestros si se acaba DACA, esto puede ser muy grave, podría afectar a la comunidad en general”, dijo la cónsul. “Estamos listos para que se pueda aprovechar esta medida. Sabemos que los dreamers lo que quieren es quedarse”.