Alivio para los Dreamers, mal sueño para los empleados del 7-Eleven
Las fuerzas del ICE llevan a cabo una agresiva redada anti-inmigración en los establecimientos 7-Eleven de todo el país elmismo día que un juez de San…
“Soy un genio muy estable”, tuiteó el presidente Donald Trump la semana pasada para defenderse de los ataques a su capacidad mental publicados en el libro Fire and Fury.
Sin embargo, “son precisamente sus genialidades las que están desestabilizando a la Administración estadounidense una semana sí y la otra también”, observa el diario barcelonés La Vanguardia en un artículo que analiza la reciente orden de un juez de San Francisco de bloquear de forma temporal la eliminación del programa DACA, una de las “iniciativas geniales” de Trump para luchar contra los indocumentados.
La prensa española daba cuenta hoy del fracaso que ha supuesto para Donald Trump que un juez de San Francisco dictara bloquear la eliminación del programa DACA, que da amparo a más de 700,000 inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. con menos de 16 años, los llamados “Dreamers”. El pasado septiembre, Trump ordenó eliminar este programa, en línea con su política de mano dura contra la inmigración y, de paso, poner fin a una de las iniciativas más brillantes implementadas por el ex presidente Barack Obama.
El presidente Trump había dado plazo al Congreso hasta marzo para que los congresistas propusieran una alternativa al programa DACA, y así poner una solución para los más de 200,000 jóvenes inmigrantes que debían renovar su DACA este año. (el DACA es un permiso temporal para vivir y trabajar en EE.UU y se renueva cada dos años, siempre y cuando no se haya cometido ningún crimen).
Sin embargo, su decisión se fue al garete cuando un juez federal de San Francisco ordenó bloquear la eliminación del programa, al menos hasta que resuelvan las demandas interpuestas por algunos estados, así como universidades y organizaciones de todo el país.
No es la primera vez que Trump se topa con la justicia estadounidense como obstáculo para llevar a cabo sus políticas anti-inmigración. El año pasado, la Justicia ordenó dos veces la suspensión del veto migratorio a los países musulmanes. Tampoco ha conseguido prohibir las ciudades santuario ni la presencia de transexuales en el ejército, recuerda La Vanguardia.
La reacción de la Casa Blanca a la orden del juez Alsup, de la corte federal de San Francisco, no se hizo esperar. La portavoz Sarah Huckabee Sanders consideró “escandalosa” la decisión judicial y ordenó al Congreso a buscar una resolución definitiva al conflicto.
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Desafortunadamente, el alivio por la decisión del juez de San Francisco le duró poco a la comunidad inmigrante de Estados Unidos, donde ayer las fuerzas de inmigración y aduanas (ICE) llevaron a cabo una redada en cerca de 100 establecimientos de cadena de snacks y comida rápida 7-Eleven. El objetivo de las redadas, producidas en 17 estados, era detectar entre los empleados posibles inmigrantes indocumentados. Las redadas terminaron con 21 detenciones, según cifras citadas en El País.
“ Es la primera vez que la agresiva estrategia de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump fija la diana en una gran empresa”, observa el diario español.
La redada en el 7-Eleven apunta a ser solo un delante de lo que ocurrirá en el próximo año, según declaraciones de Derek Benner, responsable de investigaciones del ICE, a la agencia AP.
En EE.UU viven cerca de 11 millones de indocumentados, una cifra que Trump prometió reducir drásticamente durante su campaña electoral. Desde que tomó el poder, en enero de 2016, la cifra de deportaciones de indocumentados en EE.UU ha aumentado en un 40%, mientras que la entrada de inmigrantes que cruza la frontera con México ha caído en un 24%, señala El País.
Por su parte, la cadena 7-Eleven, basada en Texas, declaró a The Washington Post, dijo no ser responsable de la política de contratación que se lleva a cabo en cada una de sus franquicias.
Trump insistió ayer en que su prioridad ahora es que el Congreso apruebe una nueva reforma migratoria. Esta supuesta “reforma migratoria”, que incluiría una solución para los Dreamers, es su moneda de cambio para lograr que los congresistas aprueben su presupuesto de 18,000 millones de dólares para construir un muro fronterizo con México.
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