(Barcelona) El culebrón entre Catalunya y España amenaza con alargarse varios días más. Este lunes terminaba el plazo marcado por el gobierno central para que el presidente catalán Carles Puigdemont aclarase si el martes pasado declaró o no la independencia de Catalunya, un misterio que quedó sin resolver cuando Puigdemont anunció que declaraba la independencia en base a los resultados del polémico referéndum llevado a cabo el 1 de octubre (42% de participación, 90% en favor del “sí”), pero que luego la suspendía durante “unas semanas” para buscar el diálogo con Madrid.

En lugar de aclarar si declaró o no la independencia, el presidente Puigdemont ha optado por responder con una carta, en la que pide a Rajoy que en los próximos dos meses acepte sentarse a dialogar y a escuchar las peticiones el pueblo catalán. En la carta adjunta las peticiones de mediación de diversos mediadores internacionales, una carta a favor del diálogo firmada por varios Nobel de la Paz, así como los resultados del referéndum del 1 de octubre y de las elecciones al parlamento catalán de 2015, que dieron la victoria a la coalición separatista “Junts pel Sí”, actualmente en el gobierno.

El gobierno de Rajoy ha respondido que la carta sigue sin especificar si Puigdemont declaró la independencia y le exige “claridad” antes de este jueves para no tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión de todas las instituciones autonómicas de Catalunya y la consecuente convocatoria de elecciones regionales.

En la carta de respuesta que le ha enviado Rajoy  a Puigdemont, el primer ministro le invita a que acuda al Congreso a dialogar, según ha explicado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Que vuelva a la sensatez”, ha reclamado la vicepresidenta.

“El Gobierno lamenta que Puigdemont haya decidido no contestar, porque no era muy difícil decir sí o no, no era complicado. Prolongar la situación solo favorece a los radicales”, ha asegurado la vicepresidenta.

El presidente Puigdemont se encuentra en una encrucijada difícil. Sus socios en el gobierno – los partidos de izquierda separatistas ERC y CUP – le exigen que declare la independencia de forma unilateral, tal y como exige la ley de transitoriedad, aprobada por el parlamento catalán hace un mes. Tanto la Ley que aprobaba la convocatoria del Referéndum como la ley de transitoriedad fueron aprobadas por el parlamente catalán y suspendidas posteriormente por el Tribunal Constitucional. Por este motivo, Madrid se opuso deliberadamente a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Quizás con demasiada deliberación, ya que la decisión del gobierno central de desplazar a centenares de agentes de policía nacional y de la guardia civil a Catalunya para precintar colegios electorales e impedir que los ciudadanos votaran acabó con escenas de violencia policial que dieron la vuelta al mundo.

Los videos y fotografías de la policía española aporreando a ancianos y jóvenes armados con papeletas fueron un golpe feo para la imagen de la democracia española, y Rajoy es consciente de ello. Por eso está intentando retrasar la aplicación del artículo 155, una medida drástica que espoleará aún más a los independentistas catalanes y no será demasiado bien vista por la comunidad internacional, a pesar de que el gobierno español tiene el pleno respaldo de la Unión Europea.