Rafael y Sonia han vivido en Los Estados Unidos de manera ilegal por más de una década, y tienen dos hijas ciudadanas americanas. Una de ellas, Abril, está condicionada por una parálisis cerebral severa y un cuadro de epilepsia, que la hace depender totalmente de sus padres.

La pareja de mexicanos forma parte de una comunidad de inmigrantes que viven en campamentos de casas rodantes en California, lo que les garantiza un cierto anonimato frente a los agentes migratorios.

Según narra The Atlantic, el padre de Abril, Rafael, llegó a Santa Cruz de California desde México cuando tenía 19 años; si bien su familia posee estatus legal de inmigrantes en Los Estados Unidos, Rafael sigue esperando que su aplicación para la ciudadanía sea procesada, desde el 2001.

Rafael y Sonia se conocieron una década después y, durante el primer embarazo, Sonia dejó de sentir al bebé moverse cuando llegaba a las 35 semanas. “Tas una cesárea de emergencia, Abril fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Lucile Packard”.

Fue entonces cuando conocieron al Doctor Salem Magarian, director pediatra del Centro de Salud Comunitario de Santa Cruz, quien comento a The Atlantic que la circunstancia de Rafael y de Sonia no es única, y que existen muchos pacientes con condiciones de salud específicas que temen ser deportados y perder las atenciones y beneficios con los que cuentan en el país.

Los casos cercanos a Magarian cuentan entre múltiples malformaciones congénitas del sistema cardíaco, condiciones genéticas agudas y otras enfermedades, pero todos  los padres padecen el mismo miedo: el de ser deportados y tener que tomar una decisión con respecto a la salud de sus hijos.

Una madre, que ha estado ilegal en el país durante 16 años, aseguró que intenta no ir a ningún lado: “si tengo que ir a algún sitio, tengo mucho miedo… Sé que este no es mi país, sé que no es mi lugar, pero nunca he hecho nada malo y tengo un bebé especial que necesita a su madre”, aseguró.

Este miedo ha ido creciendo gracias a las nuevas medidas migratorias incorporadas por la Administración Trump, que prometían la remoción de inmigrantes ilegales con récord criminal de algún tipo. Pero nuevos reportes indican que tener un hijo con discapacidad no podría salvarle del caso. Según recupera el diario The Atlantic, el Salt Lake Tribune reportó recientemente que una madre soltera, quien se ocupaba por su cuenta de su hijo de 18 años con parálisis cerebral y epilepsia, fue deportada a Colombia, y otro caso similar se llevó a cabo en Ohio.

Para los agentes del ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas), la madre podría decidir entre llevarse a su hijo con ella o dejarle en suelo americano.

Según continúa el reporte, los agentes del ICE aseguran que, si bien desde la administración precedente el objetivo de deportación siempre era el inmigrante con historial criminal, “la nueva administración ha cambiado las políticas para no continuar con las prácticas de aplicación selectiva de la ley (…) Básicamente, no hay quien quede exento del arresto”, dijo James Schwab, vocero del ICE en la oficina de San Francisco.

Con un escenario tan tenebroso, Rafael y Sonia han optado por recurrir a un abogado para intentar resolver su estatus migratorio por el bien de sus hijas, pero la condición legal de ambos podría no ser tan sencilla.

“En el mejor escenario, un juez podría cancelar la remoción de sus padres debido a la dificultad que impondría para un niño médicamente dependiente. Pero los jueces no siempre hacen esto”, continúa el reportaje.

Para Bárbara Pinto, abogada principal en El Centro Legal de la Raza en Oakland, esta medida es “muy irresponsable y poco ética” por parte de los abogados, porque no garantiza absolutamente nada.

Para la joven pareja, ésta es la única salida. La dificultad para conseguir quien pudiera encargarse de una niña con parálisis cerebral es absoluta, y Abril podría terminar en cuidado adoptivo.

Llevarla a México con ellos es otra imposibilidad. En Estados Unidos, “Medi-Cal y los Servicios Infantiles de California pagan por el costoso equipo y la medicación que mantienen a Abril con vida, pero eso sólo sucede en Los Estados Unidos”.

Según Rafael y Sonia, la medicación que toma Abril para el cuadro epiléptico cuesta alrededor de 5.000 dólares al mes, algo que no podrían pagar por su cuenta.

Mientras el proceso legal intenta tomar rumbo, la joven pareja ha decidido cancelar los paseos al parque y salir sólo cuando sea extremadamente necesario, pues la salud de su hija bien merece el sacrificio.