El presidente Donald Trump ha hecho de su gobierno una lucha perenne contra molinos de viento.

Inmigrantes, el Partido Demócrata, los medios de comunicación y, en especial, China, han sido sus enemigos favoritos.

Su conflicto con el país oriental empezó durante su campaña presidencial donde prometió poner un freno al “abuso de larga data del sistema internacional roto y las prácticas desleales de China”.

Basándose en la Sección 301 del Acta de Comercio de 1974, la Administración Trump acusó al gobierno chino de “violar los derechos a la propiedad intelectual”. Bajo dicha sección, el presidente estadounidense obtiene la autoridad de “imponer multas u otras penalidades de manera unilateral” a un socio comercial que supuestamente esté “haciendo daño injustamente a los intereses económicos” del país.

En consecuencia, Trump anunció durante el mes de enero del 2018 la imposición de una tarifa del 30% en paneles solares extranjeros, golpeando uno de los primeros productos de exportación chinos. De igual manera impuso una tarifa de 20% de lavadoras y adelantó un paquete de entre 50 y 60 mil millones de dólares en tarifas durante los meses siguientes.

Por su parte, el gobierno chino respondió durante el mes de abril con tarifas a 128 productos de importación estadounidense (que incluyeron aluminio, aviones, automóviles, carne de cerdo y otros alimentos).

Desde ese momento, las amenazas escalaron, asomándose la posibilidad de un tarifas del 25% en exportaciones chinas que sumaban más de 50 mil millones de dólares.

Este enfrentamiento puso a inversionistas y a los mercados internacionales al borde del asiento, creando un conato de crisis económica a causa de la especulación.

Según reportó la BBC, la desaceleración de la economía china ha obligado al gobierno de Xi Jinping a buscar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos.

“Existen algunas evidencias de que las compañías en China están siendo afectadas por la guerra comercial”, explica el medio. “Pero por ahora, el nuevo arancel del 10% ha sido manejable. Un aumento al 25% cambiaría las cosas dramáticamente”.

De igual manera, Estados Unidos tiene las manos llenas con las consecuencias del nuevo TLCAN y con el cierre de importantes ensambladoras de carros a nivel nacional.

Es por ello que ambos países acordaron “comenzar de inmediato las negociaciones sobre cambios estructurales con respecto a la transferencia forzada de tecnología, la protección de la propiedad intelectual, las barreras no arancelarias, las intrusiones cibernéticas y el robo cibernético, los servicios y la agricultura” durante los próximos 90 días.