La crisis migratoria de la que habla el gobierno de Donald Trump no se encuentra en la frontera, sino dentro del territorio nacional.

Después de que la política de tolerancia cero de la administración separara a miles de familias inmigrantes, una importante cantidad de niños sin acompañantes se encuentra bajo custodia de compañías contratadas por el gobierno que no cumplen los requisitos fundamentales.

Según expuso una extensa investigación de la Associated Press, la Administración Trump “ha puesto en riesgo la seguridad de miles de adolescentes en campos de detención” al pasar por alto los chequeos de antecedentes de sus cuidadores y trabajadores de salud mental.

De acuerdo con un memorándum del inspector de Salud y Servicios Humanos hecho público el día martes, “ninguno de los 2.100 empleados en un campamento con más de 2.300 adolescentes en el remoto desierto de Texas están pasando por rigurosas verificaciones de antecedentes de huellas dactilares del FBI”.

La organización sin fines de lucro contratada por el gobierno para administrar los centros, BCFS Health and Human Services, ha llevado a cabo chequeos a través de un contratista privado que “tiene menos acceso a datos completos”, lo que dejaría a los miles de niños en manos de personas que podrían no estar capacitadas para el trabajo y, en el peor de los casos, podrían tener antecedentes criminales.

De la misma manera, las instalaciones no poseen suficientes especialistas de salud mental como lo estipula la ley federal (uno por cada 12 niños), contando con un asistente por cada 100 niños.

Si bien la Administración Trump había anunciado durante el pasado mes de junio que las instalaciones serían temporales y para lidiar con el flujo de niños sin acompañante a través de la frontera, el campamento no ha hecho sino crecer en los últimos meses, garantizando que los jóvenes pasarán un tiempo indefinido bajo custodia.

Según explica la AP, “hay más personas detenidas en el campamento de Tornillo que en casi todas las 204 prisiones federales” y su expansión continúa.

Reportajes previos han descrito la situación de los niños dentro de las instalaciones, donde los tiempos de esparcimiento son rigurosamente controlados, el contacto físico está prohibido y el hacinamiento se hace cada vez más palpable.

La vocera de la BCFS, Krista Piferrer, ha asegurado que el trabajo es transparente, y que es una operación “excepcional”, pero especialistas en salud mental advierten que los riesgos de confinar a niños a una suerte de prisión sin haber cometido un crimen (entrar al país sin documentos es considerado delito civil en Estados Unidos, mas no un crimen) puede traer colaterales para el resto de sus vidas.

De igual manera, la gerencia de Tornillo no es común.

Según explicó el director de Annunciation House, Rubén García, al medio, “Tornillo es mucho más reservado que otros refugios del gobierno, donde él y su personal tienen permiso para entrar”. García explicó que en Tornillo “los trabajadores deben firmar acuerdos de no divulgación y los visitantes rara vez están permitidos”.

El hermetismo y la negligencia que se hace cada vez más evidente han puesto sobre la mesa la verdadera postura del gobierno ante los inmigrantes, sean o no menores de edad.

Es irónico darse cuenta que, mientras la Administración utiliza a los niños como carnada para hacer chequeos de antecedentes del FBI a quienes se ofrecen a cuidarlos fuera de los centros de detención, no hace lo mismo con quienes deben cuidarlos 24/7 dentro.