La gran mayoría de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos aseguran que cualquier cosa es mejor que permanecer en sus países y estar expuestos a la violencia y al hambre.

Pero muchos de ellos consiguen una realidad aún peor cuando están del otro lado.

Tal fue el caso de una niña de siete años que intentó cruzar la frontera sin documentos junto a su padre y un grupo de otros inmigrantes la semana pasada.

Después de haber logrado completar gran parte de la jornada, el grupo fue detenido “en una zona remota del desierto de Nuevo México”, y pasaron a custodia de la Patrulla Fronteriza, según reportó el Washington Post.

La Agencia de Control de Aduanas (CBP) emitió un comunicado explicando que la niña y su padre fueron detenidos el 6 de diciembre alrededor de las 10 de la noche y ocho horas después comenzó a tener convulsiones por fiebre.

Según la agencia “al parecer la niña no había comido ni consumido agua durante varios días”.

Aún cuando los funcionarios la trasladaron inmediatamente al Hospital de Niños de Providence en El Paso, la joven sufrió un infarto del que no se recuperó.

Aunque la CBP ha asegurado que tomará las medidas para evaluar el caso y asegurarse de que el procedimiento fue llevado a cabo de manera correcta, todos los dedos apuntan a una negligencia generalizada dentro de la Administración a la hora de lidiar con inmigrantes indocumentados.

Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han culpado a las autoridades por “la cultura de crueldad” dentro de sus agencias, y la crisis orquestada dentro del gobierno estadounidense pareciera sustentar este tipo de acusaciones.

Esta no es la primera vez que un inmigrante muere en manos de la Patrulla Fronteriza.

Durante el mes de mayo, una inmigrante indocumentada fue asesinada por un agente de la Patrulla Fronteriza en la zona de Río Bravo (Texas). Su nombre era Claudia Gómez, tenía 20 años y provenía de San Juan Ostuncalco en Guatemala.

De igual manera, y tan sólo un mes después, una inmigrante hondureña, que formaba parte de la Caravana de Refugiados, falleció bajo custodia del ICE después de ser sometida a confinamiento en bajas temperaturas.

Su nombre era Roxana Hernández, tenía 33 años y era una mujer transgénero que huía de su país por el riesgo que supone su identidad de género en países centroamericanos.

Pero los riesgos no sólo quedan allí.

Una investigación entre ProPublica y Mother Jones determinó el pasado mes de septiembre el daño emocional y físico que sufren los miles de niños inmigrantes indocumentados que se encuentran detenidos por las agencias gubernamentales.

“Jóvenes — muchos de los cuales están experimentando las repercusiones del trauma de violación, violencia u otros abusos en sus países nativos o durante sus odiseas a Estados Unidos — sufren mientras asistentes sociales intentan encontrar guardianes e persuadirlos que se someten a verificaciones de antecedentes”, continúa el reportaje. “Los menores que no tienen parientes o amigos de familia en Estados Unidos se quedan en detención aún más tiempo, a veces rechazados por programas de acogida de largo plazo que ya están totalmente llenos.”

Y para empeorar el asunto, una investigación de Associated Press demostró el mes pasado que la Administración Trump “ha puesto en riesgo la seguridad de miles de adolescentes en campos de detención” al pasar por alto los chequeos de antecedentes de sus cuidadores y trabajadores de salud mental.

Si bien es posible que esta niña de siete años haya muerto como consecuencia de su viaje hacia la frontera, es muy difícil desligar a las agencias gubernamentales del maltrato contra el inmigrante.