Hace meses que la palabra “deportación” no aparece en los titulares.

Entre tanto desorden dentro de la administración actual, miles de inmigrantes siguen siendo perseguidos y deportados por el gobierno.

Un nuevo reporte de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestra que, durante el 2018, el gobierno ha deportado a más de 256.000 personas, según explicó el Washington Post.

La agencia lo ha catalogado de “un nuevo récord”, resaltando que se trata de un aumento del 13% desde el 2017.

Según las nuevas cifras “145.263 de los deportados eran criminales condenados, 22.796 tenían cargos penales pendientes (…) 5.872 eran presuntos miembros de pandillas y se creía que 42 eran terroristas”.

De igual manera, el gobierno admite haber deportado un gran número de familias y niños que habían ingresado al país sin acompañante. Alrededor de 2.711 familias que viajaban juntas y 5.571 niños fueron expulsados de suelo estadounidense.

Aunque el reportaje demuestra que las cifras siguen siendo menores que durante la Administración Obama, las tácticas han cambiado.

Previamente, la mayoría de las detenciones se llevaban a cabo en las fronteras y bajo sospecha de conductas criminales. Actualmente, la persecución ha sido generalizada, incluyendo el cambio en los principios de oficinas federales, la militarización de la frontera y la estigmatización generalizada.

Tan sólo esta semana, el gobierno corre el riesgo de suspender sus actividades por la intransigencia del presidente, quien exige un muro fronterizo a cambio de firmar un acuerdo presupuestario, aún cuando el 69% del país cree que no es una prioridad.