Hacer un recuento de las estrategias – en vigor y fallidas – que la Administración Trump ha puesto en marcha contra la inmigración, se hace cada vez más complicado.

Después de que cortes menores obstaculizaran la separación de familias en la frontera y que ahora el gobierno busque revocar el Acuerdo Flores para mantener a inmigrantes menores de edad detenidos por más tiempo, el Fiscal General Jeff Sessions ha asegurado que su promesa de aumentar radicalmente el número de jueces de inmigración sigue viento en popa.

Durante un discurso el día lunes, Sessions dio la bienvenida a una nueva cohorte de este tipo de jueces, asegurando que “actualmente contamos con la mayor cantidad de jueces de inmigración en la historia”, según reportó Politico.

“Esta clase nos pone en la cima, pero no nos detendremos allí”, agregó el Fiscal frente a 44 nuevos jueces en la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR).

Asimismo, el director de la EOIR, James McHenry prometió que “seguiremos contratando (jueces) hasta que nos quedemos sin espacio o dinero”.

Durante el pasado mes de abril, el Fiscal General anunció nuevas directivas para “acelerar el tratamiento de los casos” de inmigrantes, intentando así poner el acelerador sobre los procesos de deportación y descongestionar la inmensa cantidad de casos que se mantienen congelados en los tribunales.

Las medidas incluían un sistema de “incentivos” o “evaluaciones positivas” sobre su desempeño, instando que cada juez debía resolver “al menos 700 casos al año”, según reportaba entonces el Washington Post.

Sessions agregaba la amenaza de que “si los jueces no cumplen, podrán ser despedidos o probablemente trasladados, una técnica que podría expulsarles del sistema”, explicó también CNN.

Durante el día lunes, el Fiscal agradeció a la Oficina de Administración y Presupuesto, así como al Comité de Apropiaciones del Senado por “proveer los fondos necesarios para las nuevas contrataciones”.

De la misma manera aprovechó la oportunidad para criticar a los abogados que defienden casos de inmigración, asegurando que “su deber no es, sin embargo, defender la integridad del acto. Ese es nuestro deber”, reportó CNN.

“Así como defendemos los derechos legales de los inmigrantes, rechazamos las demandas falsas e injustificadas”, dijo. “La ley nunca es cumplida cuando se premia el engaño para que los principios fundamentales de la ley sean derrotados”.

Así pues, el Fiscal ha demostrado el alcance de su poder al aprobar a cada juez que es contratado y al instruirles exactamente cómo deben interpretar la ley y decidir en casos sobre inmigración. Muestra de ello fue su decisión del año pasado de eliminar la aprobación del estatuto de asilo a inmigrantes que huyan de violencia doméstica o pandillera.

Se prevé, entonces, que el gobierno acelere los procesos de solución de casos y deportación a partir del mes de enero del 2019.