Hace seis meses el alcalde Jim Kenney anunció la conformación de un equipo interdisciplinario cuyo propósito era diseñar una hoja de ruta para enfrentar la epidemia de consumo de opioides que azota al país y que solo en Filadelfia le quitó la vida a 1.609 personas en los últimos dos años: 702 en 2015 y 907 en 2016.

Ese equipo, el “Mayor’s Task Force to combat the opioid epidemic in Philadelphia”, acaba de entregar un reporte final con los resultados de su trabajo y una lista de 18 recomendaciones para ponerle freno a esta problemática que, de acuerdo con el documento, tiene origen en los años 90, cuando el consumo de analgésicos bajo prescripción médica se disparó en Estados Unidos.

Las 907 muertes por sobredosis del año pasado son apenas la punta del iceberg de un drama más complejo. Por un lado (el ilegal), el bajo precio y la pureza de la heroína que se vende en sectores del norte como Kensington han convertido a la ciudad en una especie de destino narcótico; no es gratuito que la DEA señale al Noreste de Filadelfia como "el mercado de heroína más grande de la Costa Este del país". 

Por otro lado (el legal), el informe señala que cuatro de cada cinco heroinómanos en el país tuvieron su primer contacto con un opioide mediante el consumo de analgésicos prescritos por sus médicos. La facilidad con la que muchos galenos de la ciudad prescriben este tipo de medicamentos opioides, hizo que la venta y el consumo se disparara en Filadelfia, de poco más de 600.000 dosis en el 2000 a cerca de un millón 500 mil en el 2012. 

El documento estima que cada año entre 100.000 y 200.000 filadelfianos reciben más de una prescripción médica de analgésicos opioides en casos en los que su consumo no es recomendado. Se estima también que cerca de 50.000 personas de la ciudad abusan de esas sustancias. Esto no solo ha generado una gran epidemia de adicción, sino también la configuración de un mercado que mueve millones de dólares al año y del que no pocas compañías aseguradoras y farmacéuticas se han beneficiado.

En cuanto al consumo de heroína, la cifra no es más alentadora, todo porque su bajo costo facilita que una persona que consume opioides bajo precripción médica haga el tránsito a esta droga ilegal. Según el equipo interdisciplinario en Filadelfia existen cerca de 70.000 heroinómanos, la mayoría de ellos empezaron consumiendo sustancias legales bajo control médico; entre ellos, los hispanos son el segundo grupo étnico más afectado por la epidemia, después de los blancos.

El estudio analiza otras aristas del tema, como la aparición del fentanilo, sustancia sintética que supera hasta 100 veces la potencia de la morfina y que se encontró en casi la mitad de los restos mortales que dejó la epidemia el año pasado. También observa el impacto en las familias y en el sistema judicial, destacando el enorme riesgo que sufren los adictos cuando son sometidos a medidas privativas de la libertad.

Resolver un problema de proporciones colosales como la epidemia de opioides no es una tarea fácil. Así lo señaló Thomas Farley, comisionado del Departamento de Salud Pública de Filadelfia, quién destacó que las recomendaciones anunciadas son un avance importante en la lucha contra la epidemia, pero no una solución inmediata. “Esta crisis se desarrolló lentamente durante muchos años, pasarán otros varios más antes de que logremos superarla”, afirmó.

Las acciones consignadas en el informe se clasifican en cuatro categorías: prevención y educación, en la que se enmarca todo lo referente a generar consciencia social e institucional sobre el tema; tratamiento, en el que el énfasis es sobre la necesidad de ampliar la capacidad y la calidad de atención a pacientes; prevención de sobredosis, en donde se aconsejan una serie de medidas encaminadas a salvar vidas; y trabajo con el sistema de justicial criminal, en la que se habla de fortalecer el accionar policial en contra de las mafias y de medidas alternativas para el tratamiento judicial del consumo de la drogas.

La primera línea de acción parte de reconocer que en general la ciudad sabe muy poco sobre el manejo de medicamentos opiáceos. Para el equipo es urgente que las autoridades de la ciudad pongan en marcha campañas dirigidas a educar a la población sobre los riesgos de este tipo de medicamentos, el uso de otros como la naloxona en casos de sobredosis, la desestigmatización de los servicios y tratamientos dirigidos a personas con adicción, así como trabajar directamente con las escuelas de salud para ofrecer programas de educación a los estudiantes universitarios y profesionales. 

Para frenar la prescripción desaforada de medicamentos compuestos por opioides, el informe también recomienda crear normas que regulen y promuevan prácticas profesionales al interior de las empresas aseguradoras que garanticen la salud de los pacientes y les brinden tratamientos que incluyan el uso de medicinas alternativas.

La segunda línea de acción contiene seis recomendaciones que tienen que ver con la necesidad de facilitar, mejorar y ampliar la capacidad (tanto en números de centros como en horarios) de atención a las personas que presentan una adicción a los opioides. Para los especialistas la ciudad debe garantizar centros habitacionales que faciliten las condiciones para que los pacientes puedan permanecer en casas de atención el tiempo que sea necesario sin que los costos del servicio se conviertan en una barrera para su desintonxicación.

Una de las recomendaciones más controversiales del documento está relacionada con la línea de acción para prevenir más muertes por sobredosis en la ciudad. Según la iniciativa, las autoridades deben explorar la experiencia exitosa que Canadá, Australia y varios países de Europa tienen en la implementación de centros de consumo controlado. Se trata de lugares en los que se permite el consumo de drogas ilícitas como la heroína como parte del tratamiento de recuperación.

El equipo interdisciplinario argumenta que el funcionamiento de este tipo de centros (que aquí se llamarían Comprehensive User Engagement Sites, CUES), tendría un efecto directo en la disminución de muertes por sobredosis, la expansión de enfermedades como el VIH y otras complicaciones relacionadas con el uso de jeringas para el consumo de heroína. 

El documento -sin embargo- llama la atención sobre los fuertes obstáculos legales y políticos que tendrían que superarse a nivel local, estatal y nacional antes de que Filadelfia se convierta en la primera ciudad del país en activar estos lugares. 

Por último, el equipo intersectorial para combatir la epidemia de los opioides recomienda una reforma en la manera como los entes del sistema judicial de Filadelfia tratan este tema. Para los especialistas, es urgente que se pase de un enfoque punitivo a uno que vea el consumo de drogas como un problema de salud pública. En concreto proponen medidas específicas que tanto la Fiscalía Distrital, como los cuerpos policiales y la asociación de abogados deben implementar. 

Una de ellas es ampliar el alcance de tratamientos de desintoxicación impuestos por sanción judicial. Según el documento, es mejor adoptar medidas orientadas a recuperar al paciente que aquellas que optan por su encarcelamiento. En concreto, recomienda mantener y fortalecer el procesamiento de casos relacionados con el consumo de opioides a través de los programas de devío por cargos menores (Accelarated Misdemeanor Programs) en los que se evitan sanciones privativas de la libertad. 

Otro frente de batalla tiene que ver con el papel de las farmacias en este tema. En Filadelfia muchos establecimientos farmacéuticos se han beneficiado de este problema. Dado que la expedición indiscriminada de prescripciones tienen un efecto positivo en las finanzas de las farmacias, el equipo recomienda que las autoridades policiales de la ciudad pongan en marchas medidas para investigar, perseguir y judicializar a aquellas empresas que no tengan en cuenta la normatividad vigente.

Aunque el documento no tiene información sobre cómo se financiarían las diferentes acciones ni establece un plazo para su implementación, sí reconoce que todas las medidas recompendadas deben ser puestas en práctica lo antes posible y de manera intersectorial, de modo que entre más actores participen, mayor será el éxito de la iniciativa.

Pese a las dificultades fiscales, políticas y hasta legales que se podrían enfrentar para llevar a buen término este plan, el alcalde destacó que esta es la primera vez que se hace un ejercicio en el que tanta gente estuvo involucrada. “Para revertir esta crisis es necesario que muchas organizaciones pongan su grano de arena. Hago un llamado a la comunidad médica, a compañías de seguro, a farmacias y a la población en general para que encuentren la manera de sumarse a esta causa”, subrayó el alcalde Kenney en la rueda del viernes pasado.