Lo importante no son las piezas falsas sino los 27 objetos prehispánicos restantes que sí pertenecen al patrimonio mexicano y cuya subasta, que celebrará en París la prestigiosa casa Christie’s el próximo 9 de febrero, hará que se pierdan para siempre en una colección privada.

¿Por qué? Porque estas máscaras y demás vasijas y útiles prehispánicos, de procedencia más que opaca, alcanzarán con su venta en la subasta la titularidad legal. Y no habrá forma de que le sean devueltos ya a México. 

Esta es la lucha que lleva adelante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a la que se ha sumado la Fiscalía General de la República e incluso la cancillería, con la intención de que el gobierno francés también se implique en detener una subasta de la que el Ejecutivo de Macron se lava las manos. 

“Esto es un acto no admisible para los mexicanos, se trata de bienes de la nación y no se puede comercializar con ellos”, dijo el martes en rueda de prensa el director general del INAH, Diego Prieto Hernández.

La legislación francesa en materia de artes y subastas facilita, según Prieto, el expolio, ya que México no tiene acuerdos bilaterales con Francia como los que tiene con Estados Unidos, donde se exige certificar la procedencia de los objetos subastados y que sea la parte demandante la que demuestre la pertenencia de las piezas. 

“Las subastas son el mecanismo de lavado de estos bienes”, destacó el director del INAH, quien explicó que la sordera de Francia, país con el que México suele tener relaciones cordiales, salpica incluso al convenio Unidroit, el instituto para la armonización del derecho internacional, y ni siquiera la Interpol tiene mucho que hacer en estos casos. 

La subasta, que lleva por título Quetzalcóatl, serpiente emplumada,  ofrece piezas que rebasan en algún caso el millón de dólares y cuya venta supone una verdadera patada a la ley mexicana, que desde 1972 ha tipificado como delito la exportación de piezas arqueológicas o de relevancia particular para el país y protegido sus bienes patrimoniales con uñas y dientes. 

Sin embargo, ¿cómo acreditar cuándo, quiénes y cómo sacaron estos tesoros de México, sobre todo si estos saqueos tuvieron lugar antes de la aparición de la citada ley, en 1972?

Aunque se han producido algunos casos de subastas en donde sí México consiguió demostrar la procedencia de las piezas y el responsable de su expolio ha acabado en la cárcel, como ocurrió en Alemania o en Estados Unidos, el país latinoamericano siempre ha tenido las de perder. 

Para Prieto Hernández sólo existen dos soluciones posibles para detener los robos:

La primera es “avanzar en las relaciones diplomáticas y políticas”, para que todos los países entren en convenios internacionales que les obliguen a intervenir en el expolio de obras. 

La segunda, que acabe de concretarse por fin el proyecto para la creación de un cuerpo de policía dedicado a la tutela del patrimonio y la vigilancia de los lugares arqueológicos. 

“Estamos colaborando con los Carabinieri en Italia, que tienen 50 años de experiencia en la materia”, concluye el antropólogo.