"Para mí, poder conducir es subsistir en este país, es fundamental", dijo Juan William Posada, quien trabaja once horas diarias repartiendo pizzas en automóvil en el norte de Filadelfia, y enfrentará por segunda ocasión la posible revocación de su licencia de conducir. Pero la historia de este colombiano también es de triunfo, al ser uno de los seis inmigrantes que le ganaron al Departamento de Tránsito de Pensilvania (PennDOT) una demanda cuando este exigió a por lo menos dos mil titulares un Seguro Social para no revocarles el documento.

"Tengo un problema de artritis; física y anímicamente es el único trabajo que puedo hacer", dijo el colombiano de 57 años. "Si a mí me quitan la licencia hay dos jugadas: Seguir conduciendo sin licencia o irme pa' mi tierra".

Cuando Posada recibió una carta de PennDOT en abril del 2009, que le informaba que su licencia sería revocada si no presentaba un número de Seguro Social, pensó que él era el único. "Sentí una frustración porque pensé que no podía hacer nada", dijo Posada, quien dice que tramita un ajuste de estatus migratorio y que espera recibir su residencia estadounidense en un par de meses.

"Yo llegué a EE.UU. como producto de un accidente de un avión que se cayó en Colombia en 1996; murieron cuatro familiares míos, todos estadounidenses, y a mí me tocó manejar eso de los cadáveres y traérmelos para acá", relató Posada, quien llegó a EE.UU. con una visa, pero decidió quedarse cuando esta venció un año después.

En Filadelfia, donde ha vivido todo este tiempo, nunca tuvo infracciones por conducir, ni tiene multas pendiente con PennDOT, según relató.

En el 2009, Posada se dio cuenta que PennDOT había mandado avisos similares a unas 2.100 personas más. "Cuando salió que era tanta gente, dije 'vamos a hacer algo'", relató.

"Los que no comprobaron que tenían un número de Seguro Social están en una situación difícil como indocumentados lógicamente, por eso sacaron la licencia con el número ese (ITIN, el utilizado para pagar impuestos), porque ninguno tenía documentos", dijo Posada.

Él solicitó su licencia por primera ocasión hace once años y la ha refrendado tres veces, siempre con el ITIN; una vez porque su licencia se venció, y las otras dos porque fue víctima de un asalto mientras repartía pizzas.

Con modestia, Posada dijo que empezó a liderar la pelea, y así comenzó a organizar reuniones con los afectados. "Empezamos con bastante gente y con el apoyo de grupos políticos, pero a la vuelta de un mes y medio nos dijeron que no había campo de pelea", dijo Posada, quien para entonces dijo que había solicitado sin éxito la ayuda de la concejal del Distrito Siete, María Quiñones, y el representante estatal de Pensilvania Ángel Cruz.

Aunque Posada comenzó con optimismo, recuerda que Félix Molina, del Pensilvania Statewide Latino Coallition (PSLC) lo desanimó. "Me metió más miedo, y me dijo que me podía caer inmigración y deportarme", dijo Posada. "El grupo se desmoralizó cuando vio que muchos de los dirigentes políticos nos dijeron que no había nada que hacer".

Así, entre más de dos mil que habían recibido las cartas para la revocación de su licencia, y unos mil que no pudieron comprobar un número de Seguro Social, solo seis persistieron, y decidieron llevar a PennDOT a juicio, pero sin abogado, ya que no encontraban quién los representa- ra y, además, no podían costearlo.

"Había un abogado que cobraba 300 dólares por persona, pero si la corte solo cobra $180 por el juicio, mejor economizamos", dijo Posada, quien en contra de las posibilidades y sin representación legal, resultó en marzo pasado vencedor, junto con cinco personas más, frente a PennDOT.

Los seis latinos, listos para pelear una vez más

María Serna también decidió enfrentar a PennDOT dentro de las cortes para luchar por el derecho de mantener su licencia de conducir.

Pese a que les recomendaron no llevar el caso a las cortes, Serna y los otros cinco indocumentados lo hicieron y ganaron.

Ahora enfrentan la apelación de PennDOT, que insiste en revocarles las licencias como lo hizo con más de mil conductores que no la pudieron renovar debido a que no poseían un número de Seguro Social.

Serna dijo que lamenta la decisión de PennDOT de continuar "diciendo que nosotros violamos las leyes porque no tenemos derecho a tener licencias de manejo por ser ilegales".

"Y no lo somos, ya que los seis que decidimos dar la batalla, estamos en proceso de obtener residencia y hay varios en nuestras condiciones, pero decidieron no pelear por sus derechos y a ellos, ya les quitaron sus licencias".

"Además, hay una parte en la reglamentación de Transporte que dice que una persona ajustando su estatus puede tener licencia de conducir", agregó.

Sin embargo, la sombra del temor de que PennDOT gane la apelación no la deja en paz porque su licencia vence el 2012.

"Yo manejo la casa, y de mi licencia dependen prácticamente ocho personas, necesito trasladar a mi mama que esta enferma y es una persona de edad, tengo una sobrina y un nieto que los transporto a la escuela, y necesito comprar comida, y las distancias aquí son muy grandes".

Serna recibió también la carta de PennDOT que la instaba a presentarse con una prueba de Seguro Social que justificará su tenencia. Ella recibió la carta en mayo del 2009, nueve años después de haber tramitado su licencia.

"No sabía qué hacer porque las pruebas que ellos pedían para comprobar mi número de Seguro Social no las tenía, como tarjeta de Seguro Social, porque yo había presentado el Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN)", dijo Serna.

"Cuando les presenté mi ITIN, PennDOT lo rechazó como prueba de identificación y cancelaron mi licencia, sin esperar a que apeláramos. Sin saber qué hacer, acudí a las reuniones hechas por María Quiñones, donde dijo que nos iba a ayudar y tomó nuestros datos, pero cuando las cosas se pusieron pesadas, ella nos recomendó a un señor Félix Molina de PSLC, porque él nos ayudaría, pero no hicieron nada".

"La verdad nadie nos quiso ayudar. Pedimos ayuda a mucha gente y muchas puertas se cerraron, inclusive gente me dijo que no fuera a las reuniones porque éramos ilegales y no teníamos ningún derecho. Todo eso me desmoralizó".

La única persona que los ha ayudado, según Serna, es Desi Burnette, de Media Mobilizing Project, ya que la acompañó a todas las audiencias para servirle de traductora.

Burnette reconoció que "la lucha de esos latinos por no dejarse vencer fue muy importante para sentar precedentes en otros en sus mismas circunstancias. Además, es importante resaltar que esos latinos que estuvieron a punto de perder sus licencias están en proceso de ser ciudadanos". Por su parte, Serna argumenta que ha mantenido un récord impecable de manejo. "Yo nunca di un nombre o dirección falsas por eso no he cometido ningún delito".

PennDOT ya no acepta el ITIN

PennDOT no se resigna al fallo de la justicia en su contra y por eso apeló.

Posada, Serna y sus compañeros se enfrentarán así, una vez más en juicio contra PennDOT para conservar sus licencias, pero en esta ocasión bajo la representación legal de Valerie Burch, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

"La apelación ha sido hecha en la Corte de la Mancomunidad de Pensilvania (que atiende asuntos legales relacionados con el gobierno local y estatal), donde ya ha sido certificada por la corte del juicio y tardará seis meses antes de que sea asignado a un panel, y nueve meses hasta que se decida el fallo", según la portavoz de PennDot, Danielle Klinger.

Precisó, por otro lado, que de más de 2.100 conductores a los que enviaron las cartas, PennDOT revocó la licencias de por lo menos 1.100 de ellos, y que desde entonces algunos de los afectados han tramitado el documento de nuevo. Sin embargo, no precisó la cantidad.

Posada, como muchos inmigrantes, había solicitado la licencia con el Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) utilizado para pagar impuestos.

Según el Código de Vehículos de Pensilvania, el ITIN es válido para tramitar la licencia, pero es necesario contar con una carta de la Administración del Seguro Social (SSA) que valide un motivo por el cual una persona no cuenta con un número de Seguro Social.

En un documento con fecha del 16 de junio de 2010 enviado por la corte de Filadelfia a los demandantes, la juez Esther R. Sylvester señala que PennDOT ha aceptado el ITIN anteriormente, inclusive para la renovación en varias ocasiones, y que además, nunca avisó a los demandantes que podrían obtener una exención del gobierno federal del requisito del Seguro Social, esta última según la sección 1510 del Código de Vehículos Motores.

"El Departamento expedirá una licencia, a una persona elegible, que no tenga número de Seguro Social si la persona presenta una exención obtenida del gobierno federal permitiéndole no tener un número de Seguro Social. El Departamento puede requerir otras identificaciones, incluyendo, pero no limitadas al ITIN, antes de expedir una licencia", según el Código.

En el 2003, PennDOT implementó los mecanismos necesarios para verificar información con SSA, por lo que es probable que la mayoría de los afectados tramitaron su licencia por primera vez antes de esta fecha.