Los gobiernos estatales mexicanos reciben unos 18.250 millones de pesos (1.430 millones de dólares) anuales por instituciones policiacas al servicio de intereses privados, dinero que manejan a discreción, dijo el dirigente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Alejandro Desfassiaux.

"En todos los estados hay un negocio, todos los gobernadores tienen policías bancarias y auxiliares" al servicio de particulares, lo que constituye una competencia "desleal" para las compañías de seguridad privada, sostuvo Desfassiaux, representante de esas empresas.

Las llamadas policías bancarias, industriales o auxiliares existen en los 32 estados mexicanos y tienen como actividad principal proporcionar por contrato servicios de seguridad, vigilancia y protección especializada a firmas privadas como bancos y comercios, y a dependencias públicas.

Además, este tipo de policías prestan servicios de guardia y seguridad personal, así como de custodia a transportes de valores, materias primas y productos, entre otras cosas.

Desfassiaux, quien también es presidente de la empresa Multisistemas de Seguridad Privada, señaló en entrevista con Efe que en Ciudad de México hay 50.000 de estos policías "privados", mientras que los tradicionales suman unos 40.000.

"Es decir, hay más policías al servicio de particulares, los cuales facturan a diario unos 15 millones de pesos (1,2 millones de dólares) y son las cajas negras de los gobiernos locales", indicó.

Añadió que a nivel nacional estas policías complementarias tienen ingresos de 50 millones de pesos diarios (unos 3,9 millones de dólares) por sus contratos con empresas, lo que en un año representa unos 18.250 millones de pesos (1.430 millones de dólares) de los cuales "no dan cuentas a nadie".

"Por eso los gobernadores de los estados se oponen a que se constituya en México una sola policía a nivel nacional comandada por un organismo central, ya que perderían el control y sus ingresos", aseguró Desfassiaux.

En México existen 1.661 corporaciones policiales de las cuales hay dos federales, la Policía Federal (PF) y la Policía Federal Ministerial de la fiscalía, y además cada estado cuenta con sus propias policías preventivas e investigadoras, y cada uno de los municipios tiene su propia corporación policiaca municipal.

Por otro lado, el dirigente recordó que en México hay unas 8.000 empresas de seguridad privada, de las cuales solo unas 650 cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de estas apenas unas 250 tienen certificación de alto nivel.

El líder empresarial reconoció que la SSP no puede poner orden en el sector de la vigilancia privada debido a que el Congreso no ha aprobado todavía la Ley Federal de Seguridad Pública, la cual contempla la creación de la Ley Federal de Seguridad Privada (Llfsp).

El Consejo Nacional de Seguridad Privada propone que exista "una sola entidad federal que controle a todas las corporaciones policiales y a las empresas de seguridad", explicó Desfassiaux.

A su juicio, eso permitirá que las policías bancarias, industriales y auxiliares vuelvan a su función original de servir a la sociedad y no a intereses particulares.

Aseguró que una vez aprobada la Llfsp las empresas de seguridad privada ofrecerán el servicio a las empresas de manera legal y transparente, pagarán impuestos y prestaciones al Gobierno y estarán bajo el control de la SSP.