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Perú obstaculiza el derecho a consulta de los indígenas

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Perú está obstaculizando la aplicación del derecho a consulta previa de los pueblos indígenas tras los últimos cambios introducidos en la ley que lo regulará, criticaron hoy varios expertos internacionales en la materia.

En el marco del VII Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (Relaju), el jurista español Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, calificó de "disparates" las observaciones que el Congreso peruano aprobó a instancias del Gobierno.

En junio pasado, el presidente Alan García se negó a promulgar la ley de consulta previa si los congresistas no la modificaban para que recogiera de forma expresa la negación del derecho de veto a los indígenas y se aclarara de paso la definición de estos pueblos, entre otros aspectos.

Para el Ejecutivo, la definición de pueblos indígenas debería excluir expresamente a las comunidades campesinas andinas y costeñas, para evitar que personas sin relación con los indígenas se aprovechen del derecho a ser consultados por el Estado antes de tomar decisiones en asuntos que les afecten.

Según Clavero, las comunidades campesinas son uno de los sectores más importantes de los pueblos indígenas, siempre y cuando cumplan los requisitos para definirse así, esto es, que sean anteriores al colonialismo o a la formación del Estado, que mantengan instituciones o costumbres propias, y que tengan conciencia indígena.

En coloquio con periodistas, el especialista explicó que estas condiciones figuran en el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Perú ratificó y ahora debe cumplir sin que sea obligatoria una norma interna.

"Es una ley de mínimos, (el Congreso y el Ejecutivo) no han sabido apreciar el apoyo de las organizaciones indígenas, que habían sacrificado mucho" para que saliera adelante, añadió.

La experta peruana Raquel Yrigoyen instó al Gobierno de Alan García a reconocer el carácter indígena de las comunidades sin esperar a "más muertos y heridos" para hacer la consulta, en alusión a los conflictos como el que se desencadenó en la localidad amazónica de Bagua en junio de 2009, cuando 34 personas murieron.

Yrigoyen también pidió a los jueces que tengan el "valor" de aplicar el convenio de la OIT por encima de leyes que reduzcan los derechos indígenas.

Por su parte, la antropóloga colombiana Esther Sánchez dijo que las instituciones deben comprobar que los pueblos cumplen con los requisitos para reconocerse como indígenas, aunque advirtió que cada vez hay más indígenas en la ciudad ejerciendo profesiones que no tienen nada que ver con la imagen que se tiene de ellos.

Con 55 millones de indígenas en América Latina, expresó Sánchez, puede ser que el Estado "gane el forcejeo" y no tenga en cuenta a pueblos a punto de desaparecer, pero advirtió que puede perder diversidad y visiones diferentes sobre temas tan diversos como la ciencia, la estética o la naturaleza.

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