La Unión Europea y Estados Unidos retoman mañana su intercambio de datos bancarios para seguir la pista a presuntos terroristas, una práctica que se ha interrumpido durante seis meses por el veto al acuerdo del Parlamento Europeo, que lo consideraba poco garantista con la intimidad.

El conocido como acuerdo "Swift" (por el consorcio bancario que gestiona los datos) data de las políticas antiterroristas transatlánticas adoptadas justo después del 11 de septiembre de 2001.

El nuevo acuerdo que permitirá retomar la transferencia de datos desde mañana 1 de agosto recoge muchas de las exigencias de la Eurocámara en cuanto a la intimidad y la protección de datos.

Entre otras, la fiscalización de la proporcionalidad y conveniencia de cada transmisión de datos concreta por Europol y una autoridad independiente en Bruselas.

Una vez se reciba la petición de Washington, Europol y el supervisor estudiarán la conveniencia de la transmisión de datos, poniendo en una balanza su necesidad y la intromisión en la privacidad.

Ambas partes se han comprometido a garantizar al mismo tiempo que el volumen de datos que se transmita será el más reducido posible y que los ciudadanos europeos tendrán derecho a apelar en caso de abuso.

El rechazo del PE el pasado febrero provocó un vacío legal desde febrero hasta ahora, lo que implicó que no pudieran materializarse los intercambios de datos bancarios entre Bruselas y Washington.

El cargo de autoridad independiente en Bruselas de supervisión de los datos que se transmiten a Washington será nombrado tras un concurso de méritos públicos dentro del cuerpo de funcionarios de la UE.

Dado que el trámite se prorrogará "unos meses" -según un portavoz de la CE-, un funcionario asumirá de forma interina esa tarea hasta el nombramiento del supervisor titular.

Washington podrá no sólo pedir datos a partir de mañana 1 de agosto, sino también de los últimos meses, es decir, del periodo en que no existía acuerdo en vigor.

La aprobación de un nuevo acuerdo Swift fue uno de los principales logros de la última presidencia española que, en el Consejo de ministros de Interior de la UE y bajo la dirección de turno del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, también consiguió la aprobación de una nueva estrategia antiterrorista entre la UE y EEUU.