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1070: Victoria parcial

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El bloqueo de partes clave de la Ley 1070 de Arizona, que impedirá que se criminalice la inmigración ilegal, causó satisfacción en el gobierno federal y entre los grupos hispanos de Estados Unidos, pero no arredró a los promotores de la misma.

La gobernadora republicana de Arizona que firmó la ley el 23 de abril, Jan Brewer, consideró el dictamen de la jueza federal Susan Bolton como "una piedra en el camino", pero aseguró que "la batalla no ha hecho más que empezar" y se mostró convencida de que, al final, "el derecho de Arizona de proteger a sus ciudadanos prevalecerá".

Del mismo espíritu participa el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, célebre por su dureza contra los delincuentes y los inmigrantes ilegales, quien afirmó que el dictamen de la jueza "no va a afectar" sus operaciones, "porque nada ha cambiado en la lucha contra la inmigración ilegal".

Arpaio dijo que quienes estén en EE.UU. de forma ilegal serán entregados a las autoridades de Inmigración y Aduanas.

Pero el Gobierno Federal estaba aliviado tras la decisión de la jueza Bolton.

El Departamento de Justicia, que era el firmante de una de las siete demandas presentadas contra esta ley, consideró que el bloqueo de las partes más polémicas de la medida es "la decisión correcta".

Según su portavoz, Hannah August, "los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en la cooperación con el Gobierno federal (a la hora de establecer leyes), pero deben hacerlo dentro del marco constitucional".

Sus colegas del Departamento de Seguridad Nacional se felicitaron también por la decisión que, dijeron, "ratifica acertadamente la responsabilidad del Gobierno federal de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración del país".

Tras recordar que a partir del 1 de agosto comenzará el despliegue de la Guardia Nacional en la zona fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) apuntó que está dispuesto "a velar por el cumplimiento de las normas de inmigración y control de fronteras de manera sensata".

El presidente de EE.UU., Barack Obama, fue informado de la decisión cuando se encontraba a bordo del avión Air Force One de camino a Nueva Jersey, pero la Casa Blanca no hizo comentarios al respecto.

Los grupos hispanos pro-inmigrantes, que estaban organizando protestas en Arizona para el momento en el que entraron en vigor hoy a la medianoche, reaccionaron con gran satisfacción, pero conscientes de que esta es una victoria parcial.

Nicole Torre, del grupo "Promise Arizona" lo resumía así: "Para nosotros es una victoria importante y la celebramos, aunque es pequeña porque queremos ver un cambio en las políticas represivas contra los inmigrantes en Arizona. Con o sin el dictamen de la juez, seguiremos nuestras protestas y vigilias".

Al igual que "Promise Arizona", otra organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos civiles aplaudieron la decisión de la jueza federal Bolton.

Para Janet Murguía, del Consejo Nacional de La Raza, la jueza Bolton "no sólo se ha puesto del lado de la comunidad latina, sino del lado de la Constitución" y por ello esta es una "victoria inequívoca".

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El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Anthony Romero, afirmó que "este es un paso adelante que ayudará a proteger a los residentes de Arizona contra la identificación racial y la discriminación".

También Nina Perales, del Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), destacó cómo "la decisión destruye el montaje anticonstitucional que Arizona quería establecer".

"La decisión de la juez, muestra que la 1070 es un intento inconstitucional de AZ para tomar la inmigración federal dentro de sus fronteras. Otros estados deberían entender que cualquier esfuerzo similar no tendrá éxito", dijo Perales.

En el mismo sentido se pronunció Linton Joaquín, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), para quien "con esta decisión la jueza Bolton prohibió algunas de las provisiones más atroces, una ley peligrosa que amenaza los derechos fundamentales de innumerables ciudadanos de Arizona y visitantes".

El director de litigios de Asian Pacific American Law Center (APALC), Julie Su, aplaudió a la juez por "ver el peligro inminente de tener esta ley en vigor" y dijo que la ley habría tenido un efecto devastador entre las poblaciones de origen asiático, del Pacífico, latinoamericanos y otros grupos étnicos de Arizona.

Finalmente, Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señaló que "si la historia sirve de guía, el camino a recorrer en Arizona sigue siendo largo".

"Significa una parada en ese camino, y aunque tenemos una fe completa en el proceso legal para defender la Constitución de Estados Unidos, no declararemos victoria hasta que la ley sea completamente parada y los derechos civiles de todas las personas de Arizona estén totalmente protegidos", agregó.

La ley entró en vigor hoy, como estaba previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.

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