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Uruguay reconoce mala situación de cárceles

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El Gobierno uruguayo reconoció el hacinamiento y las pésimas condiciones en que se encuentran las cárceles del país y la necesidad urgente de reformarlas, si bien negó su responsabilidad en la muerte de doce internos en el incendio de un penal al este del país el pasado 8 de julio.

Esas fueron las reflexiones que el ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, expuso ante el Parlamento en la primera comparecencia forzada de un miembro del Ejecutivo de José Mujica desde que éste asumiera el poder el pasado mes de marzo.

El ministro acudió a dar explicaciones por el incendio que se desató en el penal de Rocha, cerca de la frontera con Brasil, y que puso en evidencia la terrible situación en las cárceles de Uruguay, tildadas de "infrahumanas" y de "insulto a la dignidad" por Naciones Unidas y donde los reclusos viven hacinados en pequeñas celdas, algunos incluso sin mantas ó camas.

En este sentido, el ministro consideró que hay varias cárceles en el país "que deberían ser cerradas" y lamentó que para mucha gente este asunto "no sea una prioridad".

En su comparecencia, Bonomi explicó, además, las causas del incendio y defendió la reacción de los funcionarios que alertaron a los bomberos y abrieron las celdas para permitir salir a los internos de forma rápida y atendiendo a protocolos previamente establecidos.

Para el ministro, la tragedia se produjo por la falta de recursos con las que cuenta la cartera del Interior y por una situación que se arrastra desde hace muchos años en el país.

"Queríamos demostrar eso, porque es fácil interpretar cosas que no se conocen del todo y se plantean responsabilidades que no corresponden", dijo el funcionario.

Pese a que se esperaba una sesión polémica, la tensión sólo subió de tono cuando una persona, familiar de uno de los presos fallecidos, insultó al ministro desde los palcos destinados al público y tuvo que ser retirado por la Policía.

El diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, fue el encargado de interpelar al ministro, al que pidió que respondiera "por la mayor catástrofe humanitaria y la mayor violación de los derechos humanos en el país desde la recuperación de la democracia en 1985".

"Hay responsabilidades, porque estos hechos fueron previstos y anunciados por varios agentes, entre ellos las Naciones Unidas y varios informes internos de la Policía que avisaban sobre la precariedad de las condiciones de la cárcel de Rocha", afirmó el diputado en su presentación.

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Por su parte, el ministro, que acudió acompañado de los más altos funcionarios de su ministerio y de los jefes de bomberos y Policía de Rocha, criticó que se "estén buscando responsabilidades" antes de "buscar soluciones al problema de las cárceles".

El incendio de la cárcel de Rocha abrió el mayor conflicto entre Gobierno y oposición desde la asunción del Gobierno de Mujica en el mes de marzo, después de un período considerado por muchos como una luna de miel en la que oficialismo y sus rivales se mostraron de acuerdo en varios temas claves para el futuro del país.

Según datos oficiales, las cárceles uruguayas tienen capacidad para un total de 6.443 reclusos, pero en ellas conviven 8.863, lo que supone una densidad del 138 por ciento.

Un informe de Naciones Unidas realizado en 2009 concluyó que las condiciones de las cárceles uruguayas eran "infrahumanas" y constituían un "insulto a la dignidad que supone una violación sistemática los derechos humanos".

Desde que asumió el 1 de marzo pasado, Mujica ha expresado su deseo de cambiar el mapa penitenciario uruguayo y mejorar los mecanismos de reinserción de los presos en un país en el que el 60 por ciento de los internos que salen libres reinciden con un delito mayor.

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