Otros ocho presos mapuche, la principal etnia originaria de Chile, iniciaron una huelga de hambre líquida indefinida en la cárcel de Angol, en la sureña región de la Araucanía, con lo que ya son 29 los reos de esa comunidad indígena que han tomado esta decisión.

A través de un comunicado, señalaron que sus principales demandas son la devolución de las tierras que consideran ancestrales, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista y la libertad de todos aquellos que consideran "prisioneros políticos mapuche".

También exigen poner término a "los montajes políticos judiciales", así como la "desmilitarización" de esa región.

"La finalidad de dicha huelga comparte los mismos principios y las demás razones de los otros hermanos prisioneros políticos mapuche que han tomado esta decisión", señalaron en el comunicado.

Otros veinte reos mapuche de las cercanas cárceles de Concepción y Temuco cumplieron hoy catorce días sin ingerir alimento para exigir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista y el trato igualitario en la justicia.

A esta medida se sumó la semana pasada otro preso internado en el centro penitenciario de Valdivia, a 840 kilómetros al sur de Santiago.

La aplicación de la Ley Antiterrorista permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos "protegidos", cuya identidad y facciones se mantienen en reserva.

Un total de 106 indígenas mapuche están encarcelados, condenados o procesados en Chile en relación con el llamado conflicto mapuche, cifra que supone casi el doble de hace un año, cuando había 59 personas en esas situaciones, según un informe de la Comisión Ética contra la Tortura, publicado el pasado 2 de julio.

El denominado conflicto mapuche se refiere a los frecuentes enfrentamientos que se producen en el sur de Chile entre esta comunidad indígena, que representa el 6% de la población total del país, con las empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.

El pasado 19 de julio, un grupo de mapuches interpuso una demanda ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que acusaron al Estado chileno de judicializar las demandas de esta etnia y de utilizar la justicia militar para procesar todas sus causas.

En tanto, el Consejo de Todas las Tierras, una de las organizaciones de los mapuche, estudia la posibilidad de pedir la mediación de España para lograr la liberación de los "presos políticos" indígenas, tal y como ha ocurrido en Cuba.