La Justicia chilena condenó a cinco años y un día de prisión a un oficial retirado de Carabineros por el asesinato de un alcalde, de su hijo y de su esposa embarazada, ocurrido en 1973, cinco días después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet.

La Corte Suprema dictó este miércoles la sentencia definitiva en ese caso, por la que condena a cinco años y un día de cárcel, sin beneficios, al ex coronel de Carabineros (policía militarizada) Luis Gajardo Arenas, quien tendrá que cumplir esta pena en la cárcel.

Este fallo modifica la sentencia emitida en agosto de 2008 por el juez Joaquín Billard, que otorgó a Gajardo cinco años de prisión, aunque con el beneficio de la libertad vigilada, como autor del homicidio de Ricardo Lagos Reyes, su hijo Carlos Lagos Salinas y su esposa Alba Ojeda Grandón.

En cambio, el máximo tribunal del país absolvió al también ex carabinero Patricio Jeldres Rodríguez, que había sido condenado por el juez Billard a tres años y un día de prisión, en régimen de libertad vigilada, como encubridor del mismo delito.

Este magistrado, que catalogó el caso como "crimen de lesa humanidad", ya había absuelto a otros dos carabineros jubilados, Pedro Loyola Osorio y Arturo Alarcón Navarrete, al no poder comprobarse su participación en los crímenes.

En el aspecto civil, la Corte Suprema anuló la indemnización de perjuicios por la que el juez Billard había condenado al Fisco de Chile a pagar una indemnización de 30 millones de pesos (unos 56.000 dólares) a Patricia Paredes Parra, querellante en la causa.

Ricardo Lagos Reyes, militante del Partido Socialista y alcalde de la ciudad de Chillán, a 401 kilómetros al sur de Santiago, fue asesinado a balazos en su propia casa durante un allanamiento realizado por la policía militarizada el 16 de septiembre de 1973.

Lagos, de 47 años, murió junto a su hijo Carlos, un estudiante universitario de 20 años, y a su esposa, una funcionaria pública de 29 años que estaba embarazada de seis meses, a causa de heridas múltiples causadas por disparos de armas de fuego.

Las autoridades castrenses afirmaron entonces que las víctimas habían muerto al enfrentarse con armas a las fuerzas del orden, lo que quedó desvirtuado en la investigación judicial por declaraciones de testigos.