La pequeña ciudad de Fremont, en Nebraska,
seguirá adelante con una serie de medidas anti-inmigrantes que
entrarán en vigor el próximo 29 de julio, a pesar de la controversia
que estas iniciativas generaron a nivel nacional.

Los siete
miembros del concejo municipal de Fremont certificaron
por unanimidad en su reunión de este martes por la noche los
resultados de una reciente elección en la que por voto popular se
habían aprobado una serie de medidas anti-inmigrantes y fijaron para
el 29 de julio la entrada en vigor de esas ordenanzas.

La nueva
ley prohíbe la contratación de indocumentados como
empleados y la renta de viviendas a personas que no puedan demostrar
que están legalmente en el país.

Además, establece un aumento de
cinco dólares en los impuestos a
la ocupación comercial de edificios que se aplica tanto a comercios
como a edificios de renta y centros de cuidados de ancianos.

El
dinero se usará para pagar a la policía para que verifique los
documentos de los potenciales empleados o inquilinos.

La ley fue
aprobada el pasado 21 de junio con poco más de 3.900
votos a favor (57%) y unos 2.900 votos en contra (43%), con una participación del 45% de los votantes
registrados.

Miembros de Nebraska Advisory Group (que impulsó la
ordenanza) y
de One Fremont One Future (principal grupo opositor) llegaron hasta
la municipalidad local para presenciar el debate y la votación.

Tras
la certificación de las elecciones, el ex concejal Bob
Warner, quien presentó el primer proyecto sobre este tema en julio
de 2008, dijo que "se han puesto las bases para hacer cumplir las
leyes con respecto a la inmigración ilegal" y pidió que "ahora se
construya la estructura".

Por su parte, John Wiegert, quien
inició la campaña que culminó
con las elecciones especiales, aseveró que "ellos (los concejales)
no querían que la gente votase sobre el tema, pero afortunadamente
la gente pudo votar y triunfamos".

La filial en Nebraska de la
Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) prometió presentar una demanda judicial para
impedir la implementación de la nueva ordenanza.

De hecho, ACLU
podría pedir una medida preventiva esta semana o
la siguiente.

Por eso, la ciudad de Fremont estableció un fondo
de defensa
legal para recibir donaciones si ACLU presenta su demanda.

Bob
Hartwig, administrador de la ciudad, dijo que hasta la fecha
se recaudaron 410 dólares para el fondo legal, la mayoría
proveniente de fuera de la ciudad.

Hartwig lamentó que ninguno de
los grupos o personas que
impulsaron la nueva ordenanza se haya comprometido con anticipación
a aportar los fondos necesarios para defender esa ordenanza en caso
de una demanda judicial.

Por eso, dijo, la municipalidad les está
enviando cartas a esos
grupos y personas pidiéndoles donaciones.

Hartwig anticipó que
teniendo como precedente el caso de
Hazleton, Pennsylvania, donde también se aprobó una ordenanza
similar que fue llevada a corte, Fremont necesitará reunir medio
millón a un millón de dólares para las acciones legales.

Según
estadísticas del Censo, en Fremont viven 25.500 personas,
de las cuales un 4,3 por ciento (1.100) son hispanos. De ellos, un
30 por ciento nacieron en Estados Unidos.