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Mitad de estadounidenses rechaza demanda contra ley 1070

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50 por ciento de los estadounidenses se opone a la demanda que el Gobierno federal presentó el martes pasado contra la ley estatal de inmigración de Arizona, según una encuesta de Gallup divulgada hoy.

El porcentaje refleja la reacción de los estadounidenses el día después al anuncio de la demanda y tras más de tres meses de polémica por la aprobación de la legislación SB1070, que insta a la policía local a detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas.

Ambas posiciones, tanto la mitad que se opone a la demanda como el 33 por ciento que la apoya, muestran que "las emociones son fuertes en ambas posturas ante este asunto", explica Gallup.

Y es que las opciones de respuesta que expresan mayor rechazo y mayor apoyo son las más elegidas por los encuestados, un 26 por ciento la apoyan fuertemente, mientras que un 38 por ciento se oponen categóricamente.

Otra tendencia que se infiere de las opiniones es la "divergencia partidaria", porque casi ocho de cada diez republicanos se oponen a la demanda, mientras que un 56 por ciento de los demócratas están a favor.

Los votantes independientes también se inclinan hacia el rechazo a esta medida del Departamento de Justicia, pero de manera menos pronunciada que los republicanos, ya que un 56 por ciento la desaprueban, mientras que un 27 por ciento está a favor.

Sin embargo, entre las conclusiones del estudio, Gallup estima que "las implicaciones políticas de la demanda son difíciles de predecir con precisión en esta coyuntura".

En su análisis, destaca que los candidatos republicanos a las próximas elecciones legislativas de noviembre intentarán atraer más apoyo de votantes, mientras que los demócratas buscan que el apoyo del votante hispano se consolide en distritos y estados "clave" para los comicios.

En la demanda, el Gobierno argumenta que la norma de Arizona, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense porque, con ella, Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

Además, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha criticado la ley como "mal concebida" y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.

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