"¿Qué indican las acciones de las agencias sobre las prioridades y prácticas del gobierno?" se pregunta la compiladora de datos TRAC de la Syracuse University en su misión.

La actividad del gobierno federal en marzo del 2010 refleja que más de la mitad (el 52 por ciento) de todas las acusaciones criminales eran en materia de inmigración, "la más citada violación fue la Sección 1325 del Título 8 del Código estadounidense que involucra "entrada de extranjero a tiempo ó lugar inapropiados"…y de la sección 1326 por re-ingreso de extranjero deportado", según reportó TRAC.

El grueso de los enjuiciamientos en inmigración superan enormemente otros esfuerzos del gobierno federal por aplicar la ley respecto a delitos tales como el tráfico de drogas (12 por ciento) y todos los otros crímenes agravados y violentos (36 por ciento), según las cifras compiladas a marzo del 2010.

Siguiendo la misma lógica de esta guerra total para combatir la inmigración indocumentada, TRAC destaca el incremento del  162 por ciento en el número de infracciones relacionadas con inmigración reportadas desde el 2005.

¿Cuál de todas las agencias federales presenta el mayor número de acusaciones por inmigración? El Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) en el 99 por ciento de los casos.

Todas las otras agencias tales como el FBI, la DEA y el Departamento de Estado consagradas a investigar y enjuiciar crímenes violentos que amenazan la seguridad nacional y el orden público, presentaron entre todos menos del 1 por ciento de casos vinculados a inmigración.

Cuando el gobierno federal trató como "felonía agravada" por supuesto "tráfico de drogas" la mera posesión   de una sola tableta de Xanax sin receta médica, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuestionó al gobierno por recurrir a "no ortodoxas" y "poco inteligentes" interpretaciones de la ley en el caso Carachuri-Rosendo v. Holder Fiscal General.

La Corte Suprema se pregunta respecto a un gobierno incapaz de distinguir una ofensa menor de una felonía agravada típicamente empeoradas "por circunstancias tales como violencia, la presencia de un arma letal, ó la intención de cometer otro crimen" como resulta generalmente en la mayoría de los casos de inmigración indocumentada.

"Ambigüedades en leyes criminales referenciadas en las leyes de inmigración deben interpretarse a favor de los no-ciudadanos" opino la Suprema Corte brindando un principio fundamental que significativamente bajaría la fiebre de enjuiciamientos penales casos de inmigración.

"Debemos sospechar mucho la posición del gobierno" continuó la Corte Suprema expresando su decepción incluso con la distorsión del idioma inglés por parte del gobierno federal en su esfuerzo por penalizar, enjuiciar, y remover incluso a inmigrantes que son residentes legales.

"El gobierno federal prioriza los arrestos, detenciones, enjuiciamientos, y remociones de aquellos extranjeros que representan un peligro a la seguridad nacional y al bienestar público", afirmó el Departamento de Estado en su demanda en contra de la Ley S.B. 1070 de Arizona.

Cabe preguntarse si la administración Obama es honesta en sus aseveraciones de querer dar prioridad al enjuiciamiento de peligrosos criminales por sobre aquellos inmigrantes no-violentos.

El Departamento de Justicia parece pensar de ese modo, pero la DHS mediante su Oficina de Operaciones de Detención y Remoción este pasado mes de febrero estaba arengando a sus directores "para que sigan adelante removiendo criminales extranjeros… e incrementando el número de extranjeros no-criminales" según un memorando obtenido gracias a la Ley de Libertad de Información.

Un gobierno federal determinado en un enfoque singularmente policíaco en materia de inmigración, incapaz ó renuente a distinguir entre peligrosos criminales respecto de inmigrantes indocumentados no violentos, es ya visto con sospecha por la Corte Suprema de Justicia.  ¿Cuánta confianza podrá tenerle la comunidad inmigrante mayoritariamente hispana?