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Prosige el experimento de justicia en Guatemala

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Un ex presidente en la cárcel enfrenta cargos por malversar dinero del presupuesto militar. Se arrestó a dos ex policías nacionales por cargos de drogas. Se levantaron cargos por fraude y malversación de fondos al hijo de un ex dictador y a otros ex funcionarios del Ministerio de la Defensa. Se investigan redes de narcotráfico y fraudes con adopciones ilegales.

Desde que Guatemala convirtió a su sistema jurídico en un experimento bajo un acuerdo insólito con Naciones Unidas en los últimos años, el país ha dado algunos pasos significativos para sacudirse la cultura de impunidad y fortalecer el imperio de la ley.

Admitiendo que el crimen organizado se ha metido profundamente en la policía, la procuraduría de justicia y los tribunales, Guatemala invitó a fiscales extranjeros a preparar casos delicados que de otra forma funcionarios intimidados o corruptos podrían haber archivado.

Sin embargo, en las últimas semanas, una creciente lucha política por el esfuerzo indicó justo cuán frágil es. La discusión llevó a la renuncia del carismático jefe del panel internacional de fiscales y a un limbo que posiblemente dure meses en lo que Guatemala selecciona a un nuevo procurador general.

Ambos cargos son esenciales para que siga funcionando el experimento, lo que provocó que Naciones Unidas nombrara a un nuevo director la semana pasada para el panel, conocido como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o, simplemente, Cicig. Bajo el acuerdo entre las partes, fiscales exteriores trabajan junto con un grupo especial de procuradores e investigadores guatemaltecos.

“En Guatemala, nunca se había confrontado a las organizaciones delictivas”, dijo el primer director del panel, el jurista español Carlos Castresana, a un canal de televisión local en marzo. “La Cicig lo está haciendo, pero también la procuraduría general y el poder judicial. Hay que decirlo: estamos viendo al monstruo a la cara, le sostenemos la mirada y está reaccionando”.

El problema comenzó a finales de mayo, cuando un nuevo procurador general empezó a quitar procuradores e investigadores que trabajaban en la Cicig. Castresana respondió como si se hubiese confirmado su advertencia de reacción violenta. Renunció el 7 de junio tras afirmar que el procurador general Conrado Reyes tiene vínculos con el crimen organizado, una acusación que Niega Reyes.

En una semana, el más alto tribunal de Guatemala removió a Reyes del cargo, dictaminando que el presidente Álvaro Colom no se apegó a la ley en el procedimiento que llevó al nombramiento.

Ahora Guatemala contiene la respiración a la espera de un nuevo procurador general y de la aceptación del costarricense Francisco Dall’Anese como sustituto de Castresana en la Cicig.

Muchos guatemaltecos creen que la Comisión es el único bastión contra el poder atrincherado. El caso de Alba Trejo, que lleva dos años, ayuda a mostrar por qué.

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El esposo de Trejo, Vinicio Gómez, era ministro del interior. Hace dos años, Gómez, quien había iniciado la investigación de narcotráfico cerca de la frontera mexicana, murió al estrellarse un helicóptero.

Fiscales empezaron a seguir una hipótesis de que el experimentado piloto, de alguna forma, despegó sin combustible suficiente, y todavía están escudriñando la evidencia. Nadie ha tomado todavía declaración a Trejo, quien dice que su esposo recibió amenazas de muerte y dormía con un AK-47 bajo la cama antes de morir. “La gente del crimen organizado está muy bien estructurada”, señaló en rueda de prensa a la que convocó el 25 de junio para denunciar la negligencia de los procuradores. “Han permeado todas las instituciones”.

Solicitó a la Cicig que tome el caso, y, aun cuando ya había renunciado, Castresana asistió a la rueda de prensa para decir que Gómez fue el “primer aliado” de la Comisión en Guatemala.

Las redes delictivas guatemaltecas se extienden profundamente en las instituciones del Estado. Incluso, el lenguaje del acuerdo de Guatemala con Naciones Unidas se refiere a “grupos de seguridad ilegales y organizaciones clandestinas de seguridad” con la capacidad para “evitar las investigaciones o el castigo”.

Los periódicos guatemaltecos ofrecen diario un compendio apabullante del desarrollo de la gran cantidad de casos de la Comisión, y un vistazo a quiénes están detrás de estos grupos ilegales.

El ex presidente Alfonso Portillo y su ministro de la defensa están acusados de malversar dinero del presupuesto de defensa. También se levantaron cargos contra seis ex funcionarios más de ese ministerio, incluido el hijo de un ex dictador, el general Efraín Ríos Montt, por malversar más de 100 millones de dólares del ministerio en un caso por separado.

Dos ex jefes de la policía nacional están en la cárcel mientras enfrentan cargos de narcotráfico, y la Comisión está investigando acusaciones de que el destacamento de seguridad de otro ex jefe de policía operaba un escuadrón de extorsión y asesinato.

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