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Hasta que empujaron devuelta

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La decisión del gobierno federal de otorgar visas especiales a 150 trabajadores metalúrgicos de la India es una de las más animadoras noticias en un caso que arroja luz sobre el lado oscuro de la inmigración legal.

El Servicio de Ciudadanía  e Inmigración estadounidense (USCIS), un brazo del Departamento de Seguridad Doméstica, concluyó que los trabajadores, parte de un grupo de 500 hombres reclutados para trabajar en los astilleros de la Costa del Golfo luego del huracán Katrina, fueron sometidos a servidumbre involuntaria y por lo tanto tenían derecho a visas que se reserva para víctimas de tráfico humano.

La decisión es notable, ya que este caso –un enjuiciamiento federal e investigaciones por parte de los Departamentos de Justicia y de Seguridad Doméstica- involucraba acusaciones de que oficiales de la Policía de Inmigración (ICE) auxiliaron a la compañía para silenciar las quejas de los trabajadores.

Para ser contratados en Mississippi y Texas como trabajadores invitados con la visa H-2B para Signal International, una compañía de plataformas petroleras, los hombres se endeudaron a extremos, pagando a los reclutadores de la compañía entre $12.000 y $20.000 cada uno.  Pensaron que el sacrificio bien valía la pena a cambio de buenos trabajos y “green cards”.  No recibieron ni lo uno ni lo otro.

Fueron forzados a vivir en campos de trabajo aislados y amenazados con despido y deportación si intentaban salirse o provocaban algún problema.

Según los testimonios juramentados de los funcionarios de la compañía, Signal tenía un poderoso aliado para amedrentar. 

Cuando los trabajadores se quejaban de las promesas rotas y de las condiciones abusivas, Signal consultaba con oficiales de ICE sobre la manera para despedir a “quejumbrosos crónicos” que amenazaban con organizar protestas.  La agencia respondía, según un testimonio de otro funcionario de la empresa: “Sáquelos de la fila cuando estén camino al trabajo; recojan sus efectos personales.  Súbanlos en una ‘van’, consíganles pasajes, llévelos al aeropuerto y mándelos de regreso a la India.”

En un email interno, un funcionario de Signal reveló que ICE había prometido ir tras los trabajadores que abandonaran sus puestos de trabajo, “para así mandar un mensaje al resto de trabajadores de que no era conveniente ‘empujar’ al sistema.” 

Los trabajadores con la asistencia del Centro para Justicia Racial para los Trabajadores de Nueva Orleans, decidieron empujar de todos modos. 

Llevaron a Signal a la corte presentando un sinnúmero de cargos.  Ahora USCIS ha aceptado la validez de los reclamos de los trabajadores.

La investigación criminal aún no termina.  Los defensores de los trabajadores argumentan que el Departamento de Justicia necesita remover a ICE de ser la agencia que lidera la investigación en el caso Signal.

Tienen toda la razón. ICE está demasiado enredada en esta debacle para tener la cara de investigar a Signal ó a sí misma.

Traducido y editado por AL DÍA

 

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