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E-Verify genera confusión en Utah

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Una nueva ley de Utah, que entrará en
vigor mañana, exige la verificación de la situación migratoria de
los nuevos empleados, lo que ha generado confusión porque la medida
no contempla sanciones para quienes no la cumplan.

La ley 10-251 fue aprobada este año por el Legislativo estatal
y requiere que las empresas con más de 15 empleados comprueben la
legitimidad de los documentos presentados por sus potenciales
empleados a través del sistema federal E-Verify.

Esta ley también
requiere que las autoridades estatales creen una
lista de las compañías que usan E-Verify, pero no contempla
sanciones para quienes no lo hagan.

Tal fue la confusión que el gobernador de Utah, Gary Herbert, había pensado en convocar a una sesión extraordinaria de la legislatura local para clarificar si el cumplimiento de la ley es voluntario u obligatorio.

La sesión, sin embargo, no se
materializó y tanto Herbert como
los dirigentes legislativos indicaron que el tema se debatirá en
2011, pero se anticipa que se aprobarán las sanciones por no cumplir
con la ley 10-251.

En abril pasado, Herbert sostuvo que la
participación en E-Verify
debería ser voluntaria.

Sin embargo, posteriormente cambió la
apreciación de la ley. "Por
el momento no hay dudas que la ley 10-251 es obligatoria y que las
compañías que la ignoren serán consideradas como infractoras de la
ley, incluso si no se le aplican sanciones", opinó Monica Whalen,
presidente de The Employers Council de Utah.

Por su parte, el
senador estatal republicano Chris Buttars, autor
de la ley, dijo a los medios locales que su aplicación es
"totalmente voluntaria" y que la normativa "forzará a que los
inmigrantes indocumentados dejen el estado".

Pero en un comunicado, Eli Cawley, director de Utah Minutemen Project, un grupo conocido por su postura anti-inmigrante, indicó que "el efecto en el número de indocumentados extranjeros expulsados será mínimo".

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Por el contrario, dijo, la ley obligará a la
contratación
irregular de personas o a que los inmigrantes indocumentados decidan
usar documentos que no les pertenecen, pero verdaderos, para
conseguir empleo.

A pesar de sus distintas posturas sobre
inmigración, Juan Manuel
Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Utah,
coincidió con Cawley, afirmando que "los documentos de identidad
robados serán altamente cotizados por quienes los necesitan para
quedarse y poder trabajar".

Ruiz anticipó dos posibles
consecuencias de la nueva ley: algunas
empresas podrían despedir a uno o dos empleados para quedarse con
menos de 15 y ya no tener que cumplir con 10-251, mientras que
otras podrían optar por no contratar a ningún hispano.

Para Tony
Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, la nueva
ley podría perjudicar específicamente a las compañías con alto
porcentaje de empleados hispanos o que sirven a la comunidad
hispana, e incluso podría causar despidos de trabajadores hispanos
legalmente en el país.

La razón, explicó Yapias, es que el
sistema E-Verify "no es
perfecto y con demasiada frecuencia rechaza a personas que ya son
residentes permanentes".

Además, la ley podría ser usada por
empresarios inescrupulosos
para no pagar a los trabajadores inmigrantes, especialmente aquellos
con una presencia irregular en el país.

"Hay algunos empleadores
que son profesionales en eso (de no
pagarles a los inmigrantes). Viven de la mano de obra gratis",
opinó.

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