El director de la Oficina Federal
de
Investigación (FBI) para Puerto Rico, Luis Fraticelli, anunció el miércoles
que la agencia reforzará su actividad en la isla caribeña debido a
los altos niveles de corrupción.

"Los niveles de corrupción en Puerto Rico
son altos", dijo
Fraticelli, el día en el que los medios de la isla centran su
atención en el caso del senador Héctor Martínez y el empresario Juan
Bravo, a quienes el Tribunal Federal de Distrito para la isla acusa
de soborno, conspiración y obstrucción a la Justicia.

El senador
del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), según
señala en un comunicado el secretario auxiliar de Justicia de la
División Criminal federal, Nanny Breuer, habría, a cambio de
compensaciones económicas, promovido una legislación con el objetivo
de favorecer a las empresas de Bravo.

Fraticelli resaltó que el
FBI "estará bien activo en los casos de
corrupción pública", tras indicar que no tendrá inconveniente en
declarar en el Senado de Puerto Rico en el caso de que el presidente
de esa cámara legislativa, Thomas Rivera Schatz, ponga en marcha una
comisión para tratar el caso de Martínez.

"No me extrañaría que
lleguen nuevos casos", advirtió Fraticelli,
que hace casi justo hoy un año -el 25 de junio de 2009- dijo que la
corrupción es la primera amenaza a la que se enfrenta Puerto Rico
como país.

Fraticelli resaltó entonces que Puerto Rico
es la quinta oficina
del FBI de Estados Unidos con más casos de corrupción registrados,
sólo por detrás de Nueva York, Los Angeles, Miami y Filadelfia,
aunque con mucha menos población que esas ciudades.

Recordó que
el 18 por ciento de los recursos del FBI en PuertoRico se emplean para combatir la
corrupción, después de matizar que
no es suficiente para luchar contra un problema ampliamente
difundido entre la sociedad del Estado Libre Asociado.

El
Tribunal Federal de Distrito para PuertoRico emitió hoy una
acusación que incluye seis cargos contra Martínez y Bravo, entre
ellos los delitos de soborno, viaje para colaborar en actos de
delincuencia organizada y conspiración para perpetrar éstos.

Bravo,
ex presidente de la compañía de seguridad privada "Ranger"
-una de las más importantes del país-, habría, supuestamente,
sobornado a Martínez y al ex senador Jorge De Castro Font, también
del PNP, para asegurarse la aprobación de dos proyectos de ley
favorables a sus intereses comerciales.

La acusación formal
señala también que Bravo pagó a Martínez y De
Castro Font un viaje a la ciudad estadounidense de Las Vegas para
asistir a la pelea entre el boxeador boricua Felix "Tito" Trinidad y
Winky Wright, combate celebrado el 14 de mayo de 2005.

Martínez,
como presidente de Seguridad Pública, y Font, a través
de su puesto de responsable de la Comisión de Reglas y Calendarios
del Legislativo, promovieron -según la acusación- la aprobación de
dos proyectos de ley que favorecían los intereses de las compañías
de seguridad de Bravo.

De Castro Font, acusado hace meses de 31
cargos por soborno y
aprobación de legislación para favorecer intereses particulares,
implicó durante la declaración de su juicio a Martínez en la trama
de corrupción.

Los dos acusados permanecen en libertad sin
fianza, aunque con la
obligación de notificar cualquier viaje de trabajo que necesiten
realizar.

El presidente del Senado dijo sobre el asunto confiar
en la
inocencia de Martínez y no tener ninguna duda de que el legislador
"no se ha apartado de la ley", tras asegurar que respeta a la
Fiscalía Federal y al FBI.

El gobernador, Luis Fortuño, señaló
por su parte que Martínez no
deberá ocupar ningún puesto de liderazgo en la Legislatura o el PNP
mientras esté acusado, además de aclarar que si es encontrado
culpable tendrá que renunciar a su escaño en el Senado.