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Defensores de DDHH buscan protección en México

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CIUDAD DE MEXICO – Con una guerra contra el narcotráfico
librándose a su alrededor y con un sistema judicial no confiable, los
activistas de derechos humanos de México tienen las manos llenas
conforme intentan proteger a un tipo de víctimas cada vez más numeroso:
ellos mismos.

“No me van a callar”, insistió Silvia Vázquez Camacho, activista
de Tijuana que actualmente se está escondiendo luego de recibir una
serie de amenazas contra su vida durante los últimos meses. Pese a su
osada declaración, el temor en su voz era palpable mientras reconocía
haber sido forzada a tomar un descanso con su activismo.

México tiene una larga historia de casos donde las autoridades,
ya sea con placas o con trajes de negocios, pisotean los derechos de los
impotentes. Reconociendo eso, hace 20 años el gobierno creó una
comisión formal para identificar oficialmente las violaciones y
recomendar – aunque no ordenar – soluciones. También surgieron grupos
ciudadanos, empero, para nivelar el campo de juego y representar a
víctimas de arrestos injustos, tortura, tomas ilegales de tierra y
numerosas transgresiones adicionales.

Pero el sistema está siendo probado severamente por lo que los
activistas afirman es un ataque concertado contra sus derechos. La nueva
realidad es que los activistas ahora dedican una parte importante de su
tiempo a ayudar a otros activistas, quienes han sido amenazados o peor
aún.

“Nadie nos protege”, dice Juan Carlos Gutiérrez Contreras,
director de la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos. “Los activistas de derechos deberían poder hacer su trabajo. Y
no solo queremos protección. Queremos que el gobierno investigue las
amenazas”, señala.

En un informe reciente, Amnistía Internacional subrayó 15 casos de amenazas contra activistas durante los últimos años por todo México. Aunque no existen cifras exactas, los grupos de derechos humanos afirman que el número de activistas señalados injustamente por la policía, soldados y el gobierno alcanza las decenas.

En uno de los numerosos casos nuevos de los archivos de las
organizaciones defensoras de los derechos humanos en México, Vázquez y
otra mujer, Blanca Mesina Nevarez, recientemente huyeron de Tijuana por
temor a que su vida corriera peligro como resultado de su trabajo. Las
dos activistas habían estado representando a 25 oficiales de policía que
acusaban que las fuerzas de seguridad mexicanas los torturaron a
principios de 2009 para forzarlos a firmar confesiones de corrupción.
Las activistas sospechan que las amenazas provienen de un grupo de
policías de Tijuana.

Entre más resonantes se mostraban las activistas con las
acusaciones de tortura, más intensa era la respuesta. Primero, empezaron
a recibir amenazas telefónicas. Después, autos policiacos comenzaron a
aparecer afuera de sus casas y a seguirlas por la ciudad. Luego que
Mesina compareciera en una audiencia celebrada en Washington el otoño
pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hombre
enmascarado se le acercó y amenazó con matarla.

Alarmada por la intimidación, la Comisión atrajo recientemente el
caso de las activistas de Tijuana, exhortando al gobierno mexicano para
que fortaleciera sus medidas de protección para las dos mujeres, antes
de

que fuera demasiado tarde.

Para algunos, como Raúl Lucas Lucía, ya lo es. Lucas defendió los
derechos de los indígenas en el estado de Guerrero hasta que fue
secuestrado en febrero de 2009 por tres hombres que aseguraron ser
oficiales de policía. “Cállese o matamos a su esposo”, le dijeron por
teléfono a Guadalupe Castro Morales, esposa de Lucas. La llamada se la
hicieron desde el teléfono de su esposo. “Esto le pasa porque defiende a
los indígenas”, le aclararon.

Los cuerpos de Lucas y de un colega, Manuel Ponce Rosas, fueron
encontrados siete días después. El caso sigue sin resolverse.

“¿Se creen muy valientes?”, le gritó un hombre desde un auto a
Obtilia Eugenio Manuel, fundadora de una organización defensora de los
derechos humanos de los indígenas, también de Guerrero, en otro caso
atraído por Amnistía Internacional. El hombre agregó: “Si no va a la
cárcel, la matamos”.

Obtilia también recibió tres amenazas de muerte en mensajes de texto enviados a su celular; una de éstas le advirtió que ningún grupo activista la salvaría. Respondiendo a su caso y al de otros del estado de Guerrero, la comisión internacional de derechos humanos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos, apeló a las autoridades mexicanas para que brindaran protección a ella y a decenas más.

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En otro caso, Cristina Auerbach Benavides, quien hizo campaña en
nombre de las familias de 65 mineros que murieron en una explosión en
una mina de carbón en 2006, fue confrontada en varias ocasiones en su
casa de la Ciudad de México por hombres que aseguraban ser oficiales de
policía. Los incidentes ocurrieron cuando descansaba el guardaespaldas
asignado por el gobierno de la Ciudad de México.

“México es un país peligroso para defender los derechos humanos”,
dijo el informe de Amnistía Internacional, que indicó que había mucho
más casos en los archivos de los numerosos grupos activistas del país.

Los activistas que trabajan en casos conectados con la guerra
contra las drogas son particularmente vulnerables porque las
organizaciones de narcotráfico, y sus muchos cómplices en las fuerzas
policiacas y el gobierno, muestran poca tolerancia a las críticas.

Sin lugar a dudas, los trabajadores de derechos humanos de
ninguna forma son los únicos blancos de ataque. Periodistas defensores
de la causa han sido silenciados por obscuros gatilleros. Los políticos y
oficiales de policía que se atreven a enfrentar al crimen organizado
han perdido la vida.

El Presidente Felipe Calderón ha defendido el historial de
derechos humanos de su gobierno y ha descrito su ofensiva contra las
drogas como un esfuerzo por proteger los derechos humanos de todos los
mexicanos contra poderosos criminales.

Los activistas afirman tener pilas de casos y aseguran que en
México hay muchos motivos para tomarse en serio las amenazas de muerte.

En el caso de Mesiba, luego de regresar de Washington fue seguida
por una misteriosa camioneta negra con vidrios polarizados y sin
matrícula. Condujo su auto a un estacionamiento para alejarse, y fue ahí
cuando un hombre vestido de negro bajó de la camioneta, con el rostro
cubierto, y se le acercó.


recuerda que le advirtió firmemente con expletivos. “Si no la mato ahora
es para evitar un escándalo cerca de las elecciones y porque su caso ya
es conocido internacionalmente”, le precisó.

 

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