La situación del
indocumentado que casi es deportado por un falso arresto de un ex
-policía acusado de acoso sexual en Carolina del Norte empeora,
mientras que una organización de derechos civiles solicita al
Gobierno federal desmantelar el programa 287g.

"Estoy un poco bien y un poco mal. Ahora como todos saben lo que
pasó no encuentro trabajo para sostenerme ni dinero para enviar a la
familia. No sé que hubiera preferido", dijo Abel Moreno, de
29 años.

El pasado 29 de diciembre, Moreno llamó al 911 para denunciar que
Marcus Jackson, de la policía de Charlotte-Mecklenburg, la localidad
más grande del estado, estaba "manoseando" a su novia durante un
retén de tránsito que terminó con su detención por "resistencia al
arresto".

El mexicano, oriundo de Acapulco (Guerrero), fue recluido por
varios días en la cárcel local y al ser procesado por el programa
287g, que opera en Mecklenburg desde 2006 y ha puesto en deportación
a más de 8.000 personas, determinó que se encontraba indocumentado.

Tras la detención de Jackson al día siguiente del incidente,
acusado además de tomar ventaja sexual de otras seis mujeres, dos de
ellas hispanas, la fiscalía eliminó los cargos estatales al hispano
pero su proceso de deportación prosiguió.

Ahora su caso ha sido tomado por el Southern Poverty Law Center
(SPLC), con sede en Montgomery (Alabama), para pedir al Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) que desmantele el 287g en Mecklenburg e
investigue a la oficina del alguacil por haber "ignorado los
derechos civiles" del inmigrante.

En carta enviada la semana pasada a Margo Schlanger, de la
oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS, el SPLC enfatizó
que el caso de Moreno es "un ejemplo de la necesidad imperante de
reformar el 287g".

"El inmigrante no fue legítimamente arrestado. De no haber hecho
lo correcto sin tener miedo a las consecuencias de su posible
deportación, este oficial quizás estuviera todavía portando su placa
en las calles de Charlotte", enfatiza la carta.

De acuerdo con la ley de inmigración de 1996, el objetivo del
287g es identificar a indocumentados que han cometido crímenes
violentos como tráfico humano, actividades de pandillas, ofensas
sexuales, narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, múltiples estudios nacionales y estatales han
revelado que la mayoría de los identificados por el 287g fueron
arrestados y acusados de delitos menores como infracciones de
tránsito.

Julia Rush, portavoz de la oficina del alguacil de Mecklenburg,
Daniel "Chip" Bailey, defendió el programa argumentando que ha
ayudado a "identificar detenidos que se encuentran ilegalmente en el
país y deportado a criminales peligrosos en Charlotte".

"Como parte del memorando de entendimiento que firma el Gobierno
federal y las autoridades locales para el 287g, se requiere la
implementación de un mecanismo de quejas que no existe en ninguna
parte en Carolina del Norte", enfatizó Mary Bauer, directora legal
del SPLC.

Es la primera vez que un grupo nacional, que lucha por los
derechos de los inmigrantes, solicita la abolición del programa en
Charlotte, aunque ya varias organizaciones locales y grupos
religiosos han realizado la misma petición a las autoridades del
condado.

Asimismo, se conoció la semana pasada que el Departamento de
Justicia investiga alegaciones por discriminación y requisas
ilegales hacia hispanos por parte de alguaciles del condado
Alamance, otra localidad del estado que opera el 287g.

Sin embargo, la permanencia de Moreno en el país es una
incertidumbre, ya que aunque un juez de inmigración canceló su
proceso de deportación y concedió seis meses más de estadía para
tramitar una visa "U" para víctima de crimen, su situación económica
es precaria.

"Tengo que pagar 530 dólares de la visa que no los tengo o de lo
contrario se detiene el caso. Vivo con amigos que me ayudan pero no
tengo trabajo por la falta de papeles. Es una situación muy
difícil", dijo Moreno.

Samantha Pendergrass, fiscal que lleva el caso del ex -oficial,
afirmó que Moreno había sido víctima de un crimen y por lo
tanto su testimonio será utilizado -como otros- en contra del
acusado durante el juicio.

Moreno comenta que le preocupa su familia en México, los gastos
de la educación que ayudaba a costear a sus 4 hermanos y aunque
reconoce que hizo lo correcto para detener a ese "policía abusador"
sigue viviendo una pesadilla que no visualiza su final.