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Mineros mexicanos promueven un paro nacional

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El Sindicato de mineros mexicano
condenó el lunes las tomas policiales ocurridas la pasada madrugada contra las
minas Cananea y Pasta de Conchos y recibió el apoyo de otros gremios
que amenazan con "movilizaciones y un paro nacional" por el modo en
el que las autoridades intentan resolver el conflicto.

Además,
los mineros mexicanos responsabilizaron al Gobierno del
presidente Felipe Calderón "de los resultados de violencia y sangre
que se pudieran presentar" como consecuencia de esas acciones
policiales que, según las autoridades, no han dejado víctimas.

En
declaraciones a Efe Antonio Navarrete, portavoz de la Sección
65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
(SNTMM), explicó que las tomas de dos minas del Grupo México, una en
huelga desde hace casi tres años, y otra donde familiares de 65
mineros fallecidos en 2006 protestaban por la falta de seguridad,
dejaron un saldo de dos trabajadores y un menor heridos.

Navarrete
señaló que en el caso de Cananea, la policía fue
apoyada por "paramilitares".

En la zona había "alrededor de quinientos compañeros efectuando la guardia", que se llegaron a enfrentar con varios policías la pasada madrugada, agregó.

El portavoz minero lamentó la
"brutalidad" con la que el Gobierno
defendió los intereses del empresario Germán Larrea, dueño del Grupo
México, concesionario de la mina, y desmintió que todo estuviera en
calma.

Por su parte, en un comunicado el SNTMM consideró las
acciones
"intolerables represiones" y dijo que con ellos "el Gobierno ha roto
las vías de diálogo y conciliación pacífica" que el Legislativo
había abierto en los últimos meses.

El SNTMM, que encabeza
refugiado desde Canadá Napoleón Gómez
Urrutia, a quien no reconocen las autoridades mexicanas y contra
quien hay en el país varias órdenes de arresto, demandó que el
Gobierno "dé marcha atrás" a su actuar en Cananea.

La
organización obrera pide también que se busque con el Grupo
México "una solución pacífica del conflicto minero", que comenzó el
30 de julio de 2007 por supuestas violaciones de la empresa a los
contratos colectivos que existían y a deficientes condiciones de
seguridad.

La huelga llegó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), una instancia para dirimir conflictos, que tras meses de litigio consideró legal la extinción de las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores, lo que fue avalado después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 21 de abril.

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A futuro, el sindicato anunció que hará valer "todas las
acciones
que sean necesarias, tanto de orden legal como político, para
repudiar y echar atrás esta inconstitucional agresión" contra los
sindicados, los trabajadores y las familias.

Con relación al
conflicto, la Confederación Nacional Campesina
(CNC) emitió un boletín donde señala que esa organización y la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), dos de las más importantes de
México, "reprueban que se dialogue de día y se reprima de noche".

Sus
líderes, el diputado Cruz López Aguilar, de la primera, y
Francisco Hernández Juárez, de la segunda, anunciaron en rueda de
prensa que se están programando "movilizaciones en todo el país y un
paro nacional" contra la solución policial a los conflictos mineros.

"Estábamos
conscientes de que iba a pasar esto durante el Mundial
de Fútbol, pero el Gobierno se nos adelantó", dijo Genaro Arteaga
Trejo, secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero.

Los
acuerdos entre la UNT y la CNC los secundan organizaciones
como los sindicatos de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (STUNAM) y la Central Independiente de Obreros
Agrícolas (CIOAC), entre otras.

Sobre la situación, la Secretaría
de Gobernación (Interior)
reiteró su compromiso "con el orden, la legalidad y la convivencia
pacífica en el estado de Sonora y en todo el país".

La
dependencia lamentó las pérdidas acumuladas en Cananea, de más
de 3.300 millones de dólares para el Grupo México y de unos 10.200
millones de pesos (790 millones de dólares) para el Estado en
impuestos no pagados por la empresa en ese período.

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