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Castresana, un luchador contra la corrupción y la impunidad

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El jurista español Carlos
Castresana
encabezó desde septiembre de 2007 y hasta hoy la lucha contra la
corrupción y la impunidad en Guatemala, una tarea a la que se ha
abocado a lo largo de su carrera tanto en su país natal como dónde
se lo pidió la ONU.

Después de encabezar algunos de los casos
judiciales más notorios
de los últimos años como el procesamiento del ex dictador chileno
Augusto Pinochet, Castresana denunció desde de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cuya
dirección renunció el lunes, las interferencias en la justicia por parte
de políticos y declaró una guerra sin cuartel al crimen organizado.

"Ya
no puedo hacer más por Guatemala. Yo le sirvo mejor a
Guatemala desde afuera que desde adentro", dijo Castresana en una
rueda de prensa en la que también pidió al presidente Álvaro Colom
destituir al recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, a quien
señaló de tener vínculos con el crimen organizado.

Castresana
acusó a Reyes de poseer un "historial de corrupción y
vínculos con organizaciones ilícitas", y denunció que tanto él en lo
personal, como los integrantes de la Cicig en general, han sido
"objeto de ataques sistemáticos por parte de los grupos que quieren
seguir en el poder".

El jurista ya había advertido recientemente
en una entrevista con
Efe que Guatemala debía acometer profundas reformas en sus sistemas
jurídico y policial para abordar "males estructurales" que han
contribuido a su indefensión ante el crimen organizado.

Nacido en
1957 en Madrid, Castresana ha ocupado a lo largo de su
carrera diferentes responsabilidades en la persecución de la
corrupción tanto en su país como en el extranjero.

Presidió la
Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España, de la
que sigue siendo miembro, e ingresó en la Fiscalía Anticorrupción
española desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a
investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia
tanto nacional como internacional.

Castresana encabezó
investigaciones notorias en España como el
"caso Gil", sobre las presuntas irregularidades cometidas por el
fallecido alcalde de Marbella y ex presidente del club de fútbol
Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil; o el "caso Tele 5", en el que se
investigó la presunta conducta delictiva, entre otros, del hoy
primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

También el "caso
Sintel", abierto para esclarecer la posible
venta fraudulenta de la filial de Telefónica a la empresa
norteamericana Mas Tec Inc, del fallecido anticastrista Jorge Mas
Canosa.

Sin embargo, el caso que tuvo una mayor repercusión
internacional
fue la acusación presentada en marzo de 1996 en nombre de la Unión
Progresista de Fiscales ante la Audiencia Nacional de España contra
el difunto general chileno Augusto Pinochet.

Castresana acusó de
genocidio, tortura y terrorismo a Pinochet,
así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976, en lo
que dio origen al juicio que desembocó en la detención del militar y
presidente "de facto" chileno (1973-1990).

La Secretaría General
de la ONU le encargó en septiembre de 2007
dirigir la Cicig, una instancia única en su género, dedicada a
colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y
desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en
la instituciones para procurar impunidad.

Uno de los primeros
casos de los que se ocupó la Comisión fue la
investigación sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el
10 de mayo de 2009, quien en un vídeo difundido al día siguiente de
su muerte responsabilizó del crimen al presidente Colom.

El
mandatario guatemalteco fue exonerado el 12 de enero pasado de
responsabilidad en el crimen de acuerdo a la investigación seguida
por la Comisión encabezada por Castresana, quien afirmó que fue el
abogado quien planificó su propio crimen sirviéndose de terceras
personas.

Castresana ha sido galardonado con el Premio Derechos
Humanos
1997, concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos, por su
acción al promover los procesos contra los responsables de la
detención ilegal y la desaparición de personas durante las
dictaduras militares de Argentina y Chile.

Además, es doctor
"honoris causa" por la Universidad de
Guadalajara, en México. 

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