Familiares de los 49 niños que perdieron la
vida en el incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, en
el estado mexicano de Sonora, exigieron a las autoridades, la
víspera de que se cumpla un año de aquel hecho, que se haga justicia
en un caso por el cual aún no hay personas encarceladas.

En
entrevista Julio César Márquez portavoz del
Movimiento Ciudadano por la Justicia "5 de Junio", que reúne a
algunas familias afectadas, dijo que la valoración que hace
este grupo de los avances ocurridos hasta la fecha es "muy mala" y
"poco acorde a lo que debiera ser la exigencia de justicia que hay
por parte de una comunidad".

El siniestro ocurrió el 5 de junio
de 2009 en Hermosillo, la
capital de Sonora, cuando un incendio que se había producido en una
bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se extendió a la aledaña
guardería ABC, y por el humo murieron 44 menores y, en los días
siguientes, cinco más.

Las investigaciones de los últimos meses
revelaron graves
deficiencias en las instalaciones, un diseño inadecuado en las
puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo
defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre
otras carencias.

El centro, concesionado a particulares por el
Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), pertenecía a Marcia Matilde Altagracia
Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, esposas de dos funcionarios de
Sonora, a Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez, ex
secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).

"Los socios de la estancia jamás han sido aprehendidos y
llevados
a prisión por nada. Todo el tiempo han tenido la posibilidad de
estar libres, primero amparados, después (...) en libertad bajo
fianza, que es como están actualmente", explicó Márquez, quien
perdió a "Yeye", un niño de dos años y nueve meses, aquel día.

Las
decenas de familias afectadas han logrado hasta ahora que los
5 de junio sean declarados días de luto nacional y un apoyo
sanitario vitalicio a los pequeños que sobrevivieron a la tragedia,
pero insisten en que el caso no debe quedar impune.

El Movimiento
"5 de Junio", que forman 20 del total de familias
afectadas, quiere que se analice a fondo la "corrupción,
complicidad" y "tráfico de influencias" en el caso y que sea
recalificado el cargo contra los presuntos responsables como
"homicidio doloso", no "culposo", como ha sucedido hasta ahora,
señala Márquez.

"El hecho de que sean enjuiciados por delitos no
graves sigue
siendo para nosotros una ofensa. Es un agravio grandísimo para la
memoria de nuestros niños", asegura.

Hasta ahora el Gobierno
mexicano únicamente ha inhabilitado por
20 años a tres funcionarios del IMSS, entre ellos el delegado de la
institución en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y prohibido por cinco
años a los dueños de la empresa operadora de esa guardería contratar
con el estado.

Las responsabilidades podrían incluso llegar hasta
lo más alto,
ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) ha
tomado el caso.

En marzo pasado, el máximo órgano jurisdiccional
mexicano
determinó que el siniestro fue consecuencia del "desorden
generalizado" en las guarderías y los sistemas de control del IMSS.

Ayer,
el magistrado de la SCJN Arturo Zaldívar presentó un
dictamen que será analizado este mismo mes donde se responsabiliza
al entonces director general del IMSS y actual secretario (ministro)
de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; a su sucesor, Daniel
Karam, y al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, por los hechos.

El
magistrado cree que hubo "graves violaciones de garantías
individuales (derechos humanos)" de las víctimas y sus familias por
parte de las autoridades en ese análisis preliminar.

Mañana, en
31 ciudades de 21 estados de México habrá actos de
apoyo y solidaridad con los padres convocados por el Movimiento "5
de Junio" bajo el lema "Justicia ya" y "Basta de impunidad".

Márquez
señala que esa será la demanda principal de una jornada
que llega teñida de cierto escepticismo entre los llamados a que se
haga justicia.

"En cualquier otra sociedad o país democrático
(...) ya hubieran
caído muchísimas personas, hasta cabezas de gobernadores si no es
que del mismo presidente", concluye Márquez.