Los legisladores
hispanos de la Cámara
de Representantes pidieron el martes que el Departamento de Seguridad
Nacional suspenda los acuerdos vigentes con la policía de Arizona, e
investigue cualquier abuso cometido tras la promulgación de la ley
SB1070 contra los indocumentados en ese estado.

En una carta
enviada a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet
Napolitano, el grupo de legisladores
demócratas hispanos pidió que
se envíen funcionarios a vigilar la situación en Arizona e
investiguen cualquier abuso contra los inmigrantes indocumentados.

La
carta, encabezada por la congresista Lucille Roybal-Allard,
pide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHA) suspenda los
acuerdos de colaboración con la policía de Arizona por considerar
que el Gobierno no debería ser cómplice de "las acciones
anticonstitucionales del gobierno estatal de Arizona".

Al
continuar trabajando con los departamentos de policía de
Arizona bajo la ley SB1070, el DHS "está apoyando implícitamente las
tácticas vergonzosas autorizadas por la nueva ley", dijo
Roybal-Allard en la carta.

Pero si el DHS elimina esos acuerdos
"estaría enviando una fuerte
señal de que rechaza la discriminación racial y se niega a
participar en el señalamiento injusto de los latinos", agregó.

En
la actualidad, el DHS tiene 13 acuerdos con jurisdicciones en
Arizona a través de los programas "287g", que permite a la policía
local y estatal hacer cumplir las leyes migratorias, y "Comunidades
Seguras", que utiliza información biométrica para revisar el estatus
migratorio de personas acusadas de crímenes.

Ambos programas han
sido fuertemente criticados por líderes
locales y organizaciones policiales, que señalan que éstos minan las
relaciones entre la policía y las comunidades.

Esas mismas
organizaciones también han criticado la SB1070, que
permite que la policía de Arizona indague sobre el estatus
migratorio de personas que sospeche son indocumentados.