La lucha antidrogas continúa marcando la
relación entre Perú y EE.UU., una relación que pasa por sus mejores
momentos en la última década y que ha hecho del país andino uno de
los aliados más sólidos con que Washington cuenta en Latinoamérica.

Pese
a ser Perú el segundo productor del mundo de hoja de coca y
de cocaína procesada, Estados Unidos concede a este país una décima
parte de lo que destina a Colombia al respecto, y en los últimos
ocho años su ayuda específica para el gobierno de Lima se ha
reducido incluso en un 30 por ciento.

El "zar" antidroga peruano, Rómulo Pizarro, dijo a Efe que el
Gobierno presentará a Barack Obama lo que él llamó éxitos del modelo
de desarrollo alternativo de la región de San Martín (Alto
Huallaga), donde la cocaína ha perdido terreno en favor del cacao
gracias a los altos precios internacionales de la semilla del
chocolate.

Pizarro reconoció que el narcotráfico "no se queda de
brazos
cruzados", y conforme se erradican hectáreas de coca en San Martín y
se destruyen pozos de maceración en unos lugares, los cultivos se
extienden en otras regiones limítrofes, que otras fuentes han
identificado como Aguaitiya, Pichispalcasu y San Gabán.

De hecho,
y según supo Efe, las próximas mediciones "oficiales"
de cultivos de coca que la Oficina de la ONU contra la Droga y el
Delito (UNODC) hará públicas en junio van a reflejar un aumento
cercano al 5 por ciento de la cifra total de hectáreas con respecto
a las 56.100 documentadas en el anterior informe de 2008.

Uno de
los problemas a la hora de combatir las plantaciones de
coca es que éstas no son ilegales en Perú, como sí lo son en
Colombia, ya que masticar la hoja de coca (lo que en quechua se
llama "chacchar") es una costumbre ancestral, de origen
prehispánico, y es uno de los mejores remedios contra el mal de
altura o "soroche".

Existe incluso un importante "lobby"
pro-cocalero dentro de las
filas del Partido Nacionalista Peruano,
representado por la
parlamentaria andina Elsa Malpartida y la congresista Nancy Obregón,
esta última acusada de vínculos con el narcotráfico.

Malpartida
reconoce que "el 60 o el 70 por cien" de toda la hoja
de coca está en realidad destinada a la producción de cocaína, pero
insiste en su defensa del campesino cocalero, que según ella son no
menos de 360.000 personas, aunque otras fuentes reducen esta cifra a
menos de 50.000 personas.

Malpartida insiste en que el problema
no es tanto el cultivo como
el tráfico de insumos químicos para la transformación de la coca en
cocaína, así como el lavado de dinero, materias en las que el mismo
Pizarro reconoce que "hay todavía mucho por hacer".

Sin embargo,
la propuesta de Malpartida de censar o registrar a
los campesinos cocaleros para legalizarlos es vista con mucho
escepticismo por todos aquellos vinculados a la lucha
antinarcóticos, que consideran que el registro es solo una forma de
dar coartada a todos los sembrados ilícitos.

De hecho, ya existe
una institución, llamada Empresa Nacional de
la Coca (ENACO) que compra hoja a los campesinos debidamente
registrados, pero las 3.000 toneladas que esta firma compra cada año
no representan más que el 5 por ciento de la producción total, según
su gerente comercial, Juan Carlos Galdós.

Para el general Juan
Zárate, que dirige el "proyecto Corah" de
erradicación de coca y desarrollo alternativo, los campesinos se
escudan en los certificados de ENACO para legalizar sus cultivos,
pero solo destinan una pequeña parte a la venta legal y el resto lo
venden al narcotráfico a precios muy superiores (diez veces más,
según Galdós).

Zárate reconoce que los agentes de la
erradicación, popularmente
conocidos como "coreanos", "no son nada populares" ante los
campesinos que pierden sus cultivos, lo que hace que los "coreanos"
trabajen con un cinturón de seguridad que suele ser de un policía
por cada dos erradicadores.

Los contingentes del Corah sufren con
frecuencia ataques
(atentados, trampas, sabotajes, contaminación del agua), que
llegaron a su máximo apogeo en 2007.

Estos atentados han bajado
desde entonces, aunque el pasado 27 de
abril se produjo uno de los más mortíferos que se saldó con dos
"coreanos" y un policía muertos.

Para Flavio Mirella,
representante de la Oficina de la ONU contra
la Droga y el Delito (UNODC) para Perú y Ecuador, lo importante de
la erradicación y el desarrollo alternativo es "hacer entrar al
campesino en la economía formal y en la lógica de la legalidad" y no
del delito.