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Avanza referendo sobre uniones homosexuales costarricenses

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Costa Rica podría decidir sobre
la
legalidad de las uniones civiles entre homosexuales en un referendo
el próximo diciembre, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
anunció este jueves que el trámite para convocar dicha consulta está casi
concluido.

De realizarse, el referendo se convocaría para el
próximo 5 de
diciembre junto a las elecciones de alcaldes de todo el país.

El
TSE informó a medios locales que hace falta "un mínimo" de las
firmas para completar el 5% del padrón electoral del país,
porcentaje requerido para la convocatoria al referendo, que es
impulsado por grupos afines a las religiones cristianas.

La
recolección de firmas comenzó en mayo de 2009, en medio de las
protestas de grupos a favor de los derechos homosexuales.

La
presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, declaró hoy a la
emisora local Radio Monumental que si el TSE avala la consulta
popular "es porque han analizado los extremos de la ley de referendo
y es una materia que no está incluida en las excepciones que esa
legislación previó".

La mandataria dijo que respeta la decisión
del Tribunal y pidió
al país "emprender esta discusión con respeto (pues) cada quien
tiene su tesis y su forma de pensar y está en su derecho".

Además,
expresó su deseo de que este asunto "no se convierta en
una cacería de brujas, que no vengamos a estigmatizar, que no
avancemos sobre la base de tesis simplistas para explicar fenómenos
sociales".

El colectivo homosexual del país ha anunciado que esta
consulta
popular es por un proyecto de ley que fue retirado de la corriente
legislativa hace varios meses.

El TSE informó que el proyecto de
unión civil fue publicado en el
diario oficial La Gaceta (antes de ser retirado del Congreso), por
lo que de completarse el requisito de las firmas, el Tribunal está
en la obligación de realizar la consulta popular sobre la base de
ese texto.

En abril pasado varios diputados y el Movimiento
Diversidad, que
agrupa a la comunidad homosexual del país presentaron un nuevo
proyecto llamado Ley de Sociedades de Convivencia que no se vería
afectado por el resultado del referendo.

Según los promotores del
proyecto, éste establece con claridad
que no se trata de matrimonios e indica que los homosexuales podrán
establecer una "sociedad de convivencia" ante notario público y a
partir de ahí tendrán derecho a heredar de su pareja, al seguro
social, préstamos bancarios, prestaciones laborales y la posibilidad
de solicitar residencia en caso de ser extranjero.

Quienes apoyan
la legalización de las uniones entre personas del
mismo sexo se oponen a la realización de la consulta argumentando
que es un asunto de derechos fundamentales y que las mayorías no
deben decidir sobre los derechos de las minorías.

 

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