El gobierno de Puerto Rico
promueve una
ley para regular las máquinas tragamonedas que generará en impuestos
220 millones de dólares anuales para las arcas públicas, pero a la
que se opone la patronal hotelera en representación de los casinos.

El
ejecutivo pretende con esa iniciativa reglamentar una
actividad sin control alguno durante años, provocada por las cerca
de 120.000 tragamonedas que existen en la isla, de las que según el
gobierno sólo 8.000 cuentan con los permisos correspondientes para
operar.

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, señaló que
el
Proyecto 1639 que propone la creación de una ley para regular las
tragamonedas estipula además reducir el número de las máquinas de
las 120.000 actuales a 40.000.

El funcionario explicó que la
iniciativa creará por ello "mayores
oportunidades para la industria de los casinos", además de una
recaudación de 220 millones de dólares anuales en impuestos.

Puig
aclaró que la ley, de aprobarse, estipula el cobro de 2.250
dólares en concepto de licencia por máquina, además de permitir la
participación del estado en las ganancias de los comerciantes.

El
secretario de Hacienda destacó que la ley estipula que las
máquinas se instalen a un mínimo de 300 metros de instalaciones como
hospitales, escuelas y hoteles, con el fin en este último caso de no
perjudicar a esos establecimientos, que en Puerto Rico albergan a
los casinos.

Puig reveló en una comparecencia en el Senado que
recibió
amenazas de muerte por poner en marcha una investigación sobre las
miles de máquinas tragamonedas que operan sin licencia y del intento
de condicionarle por parte de varios legisladores para que detuviera
el proceso.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo
de Puerto
Rico, Clarisa Jiménez, dijo hoy a Efe que la ley, de aprobarse,
perjudicará gravemente al sector que representa, ya que los casinos
de la isla -ubicados en los hoteles- perderán miles de puestos de
trabajo.

Jiménez, que destacó que el gobierno baraja una cifra de
120.000
máquinas que no es real -muy inferior según sus datos-, alertó de
que además de perderse miles de puestos de trabajo se expondrá a
niños y ancianos a las tragamonedas en cualquier punto de la
geografía de la isla.

"Se van a perder miles de empleos, pero a
ello hay que sumar las
consecuencias sociales", sostuvo la representante de la patronal
hotelera.

Jiménez, que sí comparte con el gobierno la cifra de
100 millones
anuales de pérdidas por la falta de control sobre parte de las
tragamonedas en Puerto Rico, recordó que en el año fiscal 2008-2009
los impuestos recaudados por esas máquinas generaron al estado unas
ganancias de 156 millones de dólares.

Datos aportados por la
Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto
Rico señalan que los ingresos generados por los casinos representan
entre el 30 y 50 por ciento de las ganancias de los hoteles en la
isla caribeña.

Las patronal hotelera estima que la ley provocará
unas pérdidas
de cerca de 46 millones de dólares anuales, en concepto de los
salarios que dejarán de recibir los miles de trabajadores de los
casinos que estiman perderán sus empleos.

Los daños creados por
el establecimiento de 40.000 tragamonedas
en Puerto Rico se extienden al deterioro social, según la patronal
hotelera, al exponer las máquinas, que reconoce poseen un gran
riesgo adictivo, a amplios colectivos sociales

Los hoteleros
entienden que el limitar éstas a los casinos es una
forma de proteger a la población de posibles adicciones.

La
Asociación de Inspectores de Juegos de Azar también se
pronunció a través de su portavoz, Víctor Pizarro, al señalar que la
ley perjudicaría tanto a hoteles como a la población en general.

Pizarro
recordó que las 6.800 tragamonedas que existen en el
interior de los casinos generan unas ganancias de 315 millones de
dólares de los que 142 van directamente a las arcas públicas.