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El caso de Jessica Colotl se ha convertido en detonante en el debate nacional sobre
si funcionarios estatales y locales deberían hacer cumplir las leyes
federales de inmigración.

 

 

ATLANTA – Jessica Colotl, una universitaria de 21 años e inmigrante
indocumentada mexicana en el centro de un polémico caso de inmigración,
se entregó a un alguacil de Georgia el viernes, pero siguió negando
haber cometido una fechoría.

Detuvieron a Colotl en marzo por conducir sin licencia y podría
enfrentar la deportación el año entrante. El miércoles el alguacil
levantó cargos por delito grave contra ella por haber proporcionado una
dirección falsa a la policía.

El caso se ha convertido en detonante en el debate nacional sobre
si funcionarios estatales y locales deberían hacer cumplir las leyes
federales de inmigración. Y al igual que la nueva y dura ley sobre
inmigración en Arizona, ha resaltado la división entre el Gobierno
federal y los políticos locales sobre cómo deberían detectarse y
procesar a los inmigrantes indocumentados.

“Nunca pensé que quedaría atrapada en este sistema descompuesto”,
dijo Colotl el viernes en rueda de prensa tras ser liberada con una
fianza de 2,500 dólares. “Me trataron como a una delincuente, como una
amenaza para la nación”.

Organismos de derechos civiles dicen que no se debería deportar a
Colotl porque sus padres la trajeron a Estados Unidos sin documentos
legales cuando tenía 11 años. También señalan que ha destacado
académicamente y se descubrió que estaba en el país sin documentos sólo
tras una rutinaria violación de tránsito.

Los partidarios de las leyes sobre inmigración y de la oficina
del alguacil del condado de Cobb dicen que violó una ley estatal, engañó
a la policía sobre su dirección y no debería recibir trato especial por
su edad o educación.

A Colotl la detuvo un policía del campus el 29 de marzo en la
Universidad Estatal Kennesaw en los suburbios de Atlanta, donde le
faltan dos semestres para terminar, por “impedir el flujo del tránsito”.
Después de haberle dado al oficial un pasaporte mexicano vencido en
lugar de una licencia de conducir válida, la detuvo y la llevó a la
cárcel del condado, donde reconoció ser inmigrante indocumentada.

El 5 de mayo, la transfirieron al Centro de Detención Etowah en
Alabama para esperar ser deportada a México.

Sin embargo, tras las protestas de organismos latinos,
manifestaciones ante el Capitolio de Georgia realizadas por compañeras
de su fraternidad universitaria y una carta de apoyo del rector de la
universidad, el Departamento de Inmigración y Aduanas le otorgó el
aplazamiento por año de la deportación para que pueda concluir la
carrera universitaria. La “acción de aplazamiento” significa que todavía
la podrían deportar, pero se le permitirá solicitar una extensión el
año entrante.

Su objetivo final, dijo Colotl en la rueda de prensa, es que la
legislación propuesta, denominada Ley de desarrollo, asistencia y
educación para menores extranjeros – conocida

como Ley ensueño – se convierta en ley y proporcione a los
estudiantes sin estatus migratorio legal un camino para legalizarse.

Ella y su abogado declinaron hablar sobre el estatus migratorio
de sus padres.

En Georgia, el caso se ha vuelto intensamente político. Colotl
recibió colegiatura preferencial, lo que redujo sustancialmente el costo
de asistir a la Estatal Kennesaw. La Universidad le cobrará
colegiaturas no preferenciales en el futuro, pero políticos republicanos
hacen un llamado para hacer que sean más caras, o imposibles, para los
inmigrantes indocumentados.

Eric Johnson, un candidato republicano para la gubernatura, dijo
que si es elegido, mandará que todos los que presenten solicitudes para
ingresar a las universidades acrediten su ciudadanía. El director del
sistema estatal de universidades dice que eso sería prohibitivamente
caro ya que costaría 1.5 millones de dólares por aproximadamente 300,000
estudiantes. Bajo un programa del Departamento de Seguridad Interna,
conocido como 287(g), se permite que los alguaciles locales se hagan
cargo de hacer cumplir la ley federal de inmigración. La Oficina del
Alguacil del condado de Cobb fue la primera en Georgia y una de las
primeras en EU en solicitar su inclusión al programa. La inmigración no
es un tema candente en el condado mayoritariamente conservador, donde
los hispanos representan 11% de la población, según muestran datos del
censo.

Mary Bauer, la directora jurídica del Centro de Leyes para la
Pobreza del Sur, que asiste en la defensa de Colotl, dijo que el condado
de Cobb tiene una historia de uso de leyes federales diseñadas para
detectar a delincuentes peligrosos para detener a inmigrantes
indocumentados por infracciones menores. The Atlanta
Journal-Constitution encontró en una revisión que, de 2007 a 2009, el
principal delito por el que se detuvo a inmigrantes en el condado fue
las infracciones de tránsito.

“Esto es un desastre de derechos civiles”, señaló Bauer, quien
calificó a la aplicación de la ley en el condado como “malévola y muy
probablemente ilegal”.

“Llamamos al Gobierno de Obama a terminar la 287(g)”, dijo.

Partidarios de una legislación estricta sobre inmigración dicen
que Colotl proporcionó la dirección donde solía vivir y en la que está
registrado el seguro de su coche, y que también proporcionó su dirección
actual.

No debe hacerse ninguna excepción, sin importar cuán admirable
sea el infractor, expresó Phil Kent, un portavoz de Americans for
Immigration Control, una organización nacional que se opone a la
inmigración ilegal.

“Irónicamente, ella dice que quiere estudiar derecho, pero está
minando a la ley”, dijo Kent. “¿Qué caso tiene educar a una inmigrante
ilegal en un sistema en el que no puede conseguir un empleo legalmente o
una licencia para conducir?”.

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