La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó esta semana una nueva ley estatal que limita los programas de estudios étnicos en las escuelas públicas del estado, lo que ha desatado una nueva controversia en el estado.

“Este es un nuevo golpe a la diversidad de las comunidades en Arizona, es muy triste que la gobernadora haya firmado esta ley”, dijo Kat Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Con su firma el martes, Brewer limitó el tipo de cursos que las escuelas públicas en Arizona pueden ofrecer en nombre de la diversidad cultural.

La nueva regulación, que entrará en vigor durante el próximo ciclo escolar, establece que los estudiantes deben recibir educación “que les enseñe valores como individuos y no enseñarles resentimiento y odio a otras razas o personas”.

La nueva ley estatal que fue diseñada específicamente para terminar con los programas de estudios étnicos en las escuelas del Distrito Unificado de Tucson (TUSD) prohíbe cualquier curso donde se “promueva el resentimiento hacia el Gobierno de Estados Unidos”.

También prohíbe cursos que sean diseñados particularmente para un solo grupo étnico.

Por años, el Superintendente de Educación de Arizona, Tom Horne, ha criticado severamente los programas de estudios étnicos y ha luchado para eliminarlos porque, a su entender, promueven el “racismo”.

Los Ángeles aprueba boicot  económico contra Arizona

El Concejo de Los Ángeles aprobó el pasado miércoles una propuesta de sanciones económicas contra Arizona por la reciente aprobación de la ley SB1070, que penaliza a los indocumentados.

En la votación, cuyo resultado fue de trece contra uno, el gobierno local aprobó una propuesta que restringe las actividades comerciales de la ciudad con Arizona mientras la ley SB1070 esté vigente.

Durante el debate se citó el origen inmigrante de varios legisladores y el concejal Ed Reyes señaló que la medida adoptada por Arizona en contra de los indocumentados afecta a “toda persona que parezca inmigrante” y no corresponde a una postura estadounidense.

Arpaio ofrece reducir condenas a indocumentados

Los reos indocumentados que acepten trabajar como voluntarios dentro de las cárceles del condado Maricopa podrán ver reducidas sus condenas a la mitad, informó esta semana el alguacil del condado, Joe Arpaio.

En entrevista con el canal de televisión 3, de Phoenix, Arpaio dijo que este plan fue desarrollado debido a la falta de voluntarios para lavar platos y ropa en las cárceles del condado.

“No voy a contratar trabajadores a costa de los contribuyentes de Arizona”, dijo Arpaio.

El alguacil, también conocido como “el Sheriff más duro del Oeste”, dijo que la oferta es de “dos por uno”, lo que significa que por cada día que trabajen los reos se les contará como dos de encarcelamiento.

Puerto Rico se une al programa de inmigración IMAGE

Las empresas puertorriqueñas se unen al programa voluntario IMAGE o “Entendimiento Mutuo entre el Gobierno y Empleadores” que promueve el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objeto de favorecer el control de la inmigración ilegal en Estados Unidos.

El director en Puerto Rico del ICE, Roberto Escobar, firmó este jueves en San Juan un acuerdo con cinco empresas que se unieron al programa IMAGE, que en la isla tendrá repercusión -principalmente- sobre la comunidad dominicana, que constituye el 85 por ciento de los inmigrantes ilegales del Estado Libre Asociado.

El responsable del ICE en la isla subrayó que la medida impactará a los dominicanos que residen ilegalmente en Puerto Rico, aunque otras nacionalidades también se verán afectadas por la iniciativa, entre ellas las comunidades de mexicanos, venezolanos y colombianos.

Mayoría de estadounidenses apoya ley de Arizona

La mayoría de los estadounidenses apoya la ley promulgada en Arizona para combatir la inmigración ilegal en ese estado limítrofe con México, según una encuesta del Centro Pew de Investigaciones difundida esta semana.

De acuerdo con los resultados de la consulta realizada del jueves y el domingo pasados entre 994 estadounidenses adultos, un 59 por ciento dijo que aprueba la ley de Arizona mientras que un 32 por ciento está en desacuerdo con su promulgación.

El sondeo señaló que una mayoría todavía mayor (un 73 por ciento) respalda la exigencia de que toda persona en el estado debe llevar siempre documentos que demuestren su residencia legal en el país.

Además, un 67 por ciento dijo que está de acuerdo en que la policía esté facultada para detener a cualquier persona que no pueda comprobarla.

Paralelamente, otra encuesta realizada para el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión  NBC, indicó que más de un 70 por ciento de los hispanos de Estados Unidos se opone a la ley.

Esa consulta indicó que un 34 por ciento de los estadounidenses de origen hispano está de acuerdo en su aplicación en Arizona.

Por otra parte, reveló que un 16 por ciento de los hispanos manifestó que es poco probable que la aplicación de la ley desencadene medidas de discriminación racial en tanto que un 31 por ciento dijo que, definitivamente, no habrá ese tipo de discriminación.

“Improbable que pase ley racista en Pensilvania”

“Esta propuesta de ley no es más que un esfuerzo para legalizar discriminación”, dijo la presidenta del comité de Gobierno de la Cámara de Representantes de Pensilvania, Babett Josephs, al considerar “improbable” que el proyecto de ley 2479, similar al que criminaliza a indocumentados en Arizona, pase en la Asamblea estatal.

La HB2479, presentada la semana pasada por el representante republicano Daryl Metcalfe, tiene que ser revisada y aprobada en el comité de Gobierno Estatal. Sin embargo, hasta el momento, dicho comité no la ha puesto en el calendario para discusión y, según Josephs, no cree que la pongan a discusión.

Josephs, representante estatal demócrata, dijo a AL DÍA que “es muy improbable que el comité la ponga a consideración porque esta propuesta de ley no es más que un esfuerzo para legalizar discriminación”.

“Todo mundo tiene antecedentes familiares de inmigrantes, incluyendo el representante Metcalfe y yo, que deseosos de una vida mejor y la libertad que este país ofrece llegamos aquí”, agregó.

Josephs dijo que esta iniciativa “está en contra los  derechos civiles, es legalizar el perfil racista, y eso es lo que esta propuesta de ley significa. El legalizar el perfil racista que es lo que ésta propuesta de ley significa y eso,  es ir en contra de los derechos civiles que nuestro gobierno garantiza”.

Para la representante, “la propuesta crearía temor  en la ejecución de las leyes, en cada persona, sean ciudadanos o no, con cierta apariencia física y con nombres que no estén en la descripción reducida de categorías predeterminadas. Proteger es uno de los papeles de la ejecución de la ley. Hemos enseñado a nuestros hijos a buscar a un policía si están perdidos pero ¿A quién van a recurrir si le tienen miedo a un policía?”

“Esta propuesta de ley solo nos va a empujar a una cuesta resbaladiza. Bajo mi liderazgo, el comité de Gobierno Estatal, no solamente hemos atacado reformas importantes de campaña en finanzas, registros públicos y de redistribución; sino también hemos trabajado para asegurarnos que los negocios minoritarios y de mujeres tengan una oportunidad equitativa  en obtener contratos del estado, así como en avanzar políticas que promueven una política de tolerancia en el estado”.

Por su parte, el gobernador Ed Rendell ha repetido que el “no firmaría una propuesta de ley como la que Metcalfe desea imponer”.