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México reforzará repatriación por Ley SB1070

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El Gobierno de México planea
reforzar los
esfuerzos de repatriación en su frontera con Arizona ante la posible
entrada en vigor de la ley SB1070, la primera en Estados Unidos en
criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, informaron
fuentes oficiales.

"Si se llega a dar la entrada en vigor de esta
ley, por supuesto
habrá un reforzamiento en busca de que la recepción sea digna",
explicó la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM),
Cecilia Romero.

En rueda de prensa para presentar la Conferencia
Regional sobre
Migraciónes (CRM) -que se celebrará del 17 al 21 de mayo próximo en
Tapachula- la alta funcionaria señaló que México, país que ya
mantiene un Programa de Repatriación Voluntaria en Arizona, lo
intensificaría para que los retornos se hagan de manera "ordenada",
"coordinada" y "además, segura".

A través de dicho programa,
EE.UU. financia la repatriación de
los indocumentados interceptados en Arizona que deseen regresar a
México, cuyo Gobierno se hace cargo a su vez de los viajes desde el
punto de entrada, hasta los lugares de origen de los indocumentados.

Romero
explicó que en Tapachula no habrá un pronunciamiento
político contra la controvertida SB1070 porque el encuentro "no es
un foro político", sino un espacio para fomentar el diálogo sobre
asuntos migratorios en Norte y Centroamérica.

Sin embargo, la
alta funcionaria recordó que la ley aprobada en
Arizona es una preocupación para once países que asistirán, entre
los que están Estados Unidos y Canadá,

Para la titular del INM,
aunque sobre la ley de Arizona se podría
hablar entre los participantes, en el seno de la CRM el tema no se
abordará porque se busca "no confrontar" posturas.

La ley de
Arizona, que está previsto que entre en vigor a finales
de julio, convierte en delito menor la presencia ilegal en ese
estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de
cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable"
de que es un inmigrante ilegal.

La medida también otorga
facultades especiales a la Policía
estatal para pedir documentos de residencia legal a cualquier
persona.

La normativa, promulgada el pasado 23 de abril por la
gobernadora
republicana Jan Brewer, desató un coro de protestas por parte de
organismos de derechos humanos, de representantes de comunidades
étnicas, principalmente hispanas, y de varios Gobiernos.

Según
cálculos oficiales, en Arizona residen alrededor de 460.000
inmigrantes sin papeles, la mayoría de ellos mexicanos.

 

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