El Tribunal Supremo de Estados Unidos
dictaminó que un delito menor por drogas no debería ser causa
automática para la deportación en el caso del mexicano José ÁngelCarachuri Rosendo.

La
decisión fue unánime en el Supremo que, de esta forma, anuló
la decisión del Tribunal de Apelaciones que había ratificado la
deportación de Carachuri.

Carachuri ingresó legalmente a Estados
Unidos en 1993 y consiguió
la residencia legal. En 2004, se declaró culpable ante un tribunal
de Texas por un delito menor de posesión de marihuana y fue
sentenciado a 20 días de cárcel.

Un año más tarde, Carachuri fue llevado otra vez ante los
tribunales, también en Texas, por el delito menor de posesión, sin
receta, de una tableta de Xanax, un medicamento para la ansiedad. El
hombre no discutió el cargo pero no fue procesado bajo la ley de ese
Estado como un reincidente. Fue sentenciado a 10 días de cárcel.

En
octubre de 2006, Carachuri recibió
una notificación del
gobierno de que iba a ser deportado porque se le "había condenado en
violación de una ley del Estado relacionada con una sustancia
controlada".

Carachuri, que
tiene una compañera y cuatro hijos que son todos
ciudadanos de Estados Unidos, solicitó que se anulara la orden de
deportación, pero un juez de inmigración dictaminó que no tenía
derecho a esa anulación porque se le había condenado por un delito
agravado.

Según el magistrado, Carachuri
había cometido un "delito de
tráfico de drogas".

El gobierno del presidente Barack Obama había
apoyado la
apelación de Carachuri.

AunqueCarachuri fue deportado a México,
las autoridades
judiciales tendrán que revisar su orden de expulsión, y éste podría
solicitar que se revoque, según el tribunal de apelaciones del
quinto distrito.

En EE.UU., si alguien es condenado por un delito
mayor agravado no
puede apelar una deportación, pero un residente permanente con más
de diez años en el país puede al menos pedir una exención si cometió
delitos leves antes de cumplir esos diez años.

El dictamen
favorable a Carachuri podría
eliminar la práctica
actual de las autoridades migratorias de enviar a presos a distritos
donde los tribunales son más estrictos en la interpretación de las
leyes.

El Gobierno de Obama ha continuado la práctica de detener y
deportar a inmigrantes con antecedentes penales, incluso por casos
menores relacionados con drogas.

La Asociación de Abogados de
Inmigración de EE.UU. y otros 15
grupos cívicos han presentado opiniones ante el Supremo a favor del
mexicano y su derecho a apelar su deportación.