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Una batalla se cierne sobre la nueva ley de Arizona que convierte a todo latino de aquel estado, aún a los inmigrantes legales y a los ciudadanos, en sospechosos de ser criminales.  Esta no es simplemente una lucha local.  El veneno se está propagando: ya se habla de que Texas aprobará una versión de la ley de Arizona.

El presidente Obama llamó a esa ley “equivocada” y prometió vigilarla.  No obstante cuando la segregación racial se instala en cualquiera de los 50 estados, el presidente necesita hacer más que simplemente criticar moderadamente. Debe actuar.

He aquí una lista parcial pero urgente de tareas:

DEFENDER LOS DERECHOS CIVILES. El Departamento de Justicia necesita cuestionar firmemente esta ley en las cortes.  Ese estatuto requiere que los policías paren y cuestionen a cualquiera que tenga el aspecto de inmigrante ilegal.  La gobernadora Jan Brewer firmó la ley pero dice no saber cual mismo será el aspecto de un inmigrante ilegal, dejando esa responsabilidad a otros que dicen saberlo.

El Departamento de Justicia sabe qué clase de abusos esto atrae.  Ya existen investigaciones al sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien realiza redadas en los barrios hispanos en Phoenix.   Sus subordinados exigen documentos a la gente según las camisetas y botas que lucen.

La ley federal requiere que los no ciudadanos porten documentos pero eso no le da autoridad a los oficiales de policía de parar a cualquiera que ellos escojan para exigirle sus documentos.   El intento de Arizona de rodear esta limitación mediante definir que el solo acto de pisar su territorio sin documentos es un crimen, resulta repelente.

PAREN A ARIZONA EN SECO. El esquema de Arizona se vale de bases de datos federales para determinar el estatus migratorio. Necesita de la cooperación de la Policía de Inmigración ICE para que reciba a los detenidos.  ICE dice que su prioridad son los criminales peligrosos y fugitivos, no los pacíficos trabajadores y familias que son en su abrumadora mayoría el blanco de esta nueva ley.  En ese caso ICE puede denegar a Arizona sus datos, su cooperación, y sus escasos recursos.

RETOMEN LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. La Corte Suprema consistentemente ha dictado que los estados no pueden crear sus propias leyes de inmigración.  La debacle en Arizona le brinda a la administración Obama otra oportunidad de que la política de inmigración no puede dejarse en manos de remiendos de leyes estatales y locales.

Como candidato presidencial el señor Obama alabó la decisión de la corte federal de anular la ley de Hazleton en Pensilvania, que hacía ilegal contratar o rentar vivienda a inmigrantes indocumentados.  Para comenzar a pronunciar firmemente el papel del gobierno federal en materia de migración la administración debe rescindir el entonces memorando secreto del 2002 del Fiscal General del presidente George W. Bush, John Ashcroft, quien declaró que la policía local y estatal tenían “autoridad inherente” para realizar arrestos de inmigración.  Debía rescindirlo hace rato.  Debería intervenir respecto de otra irresponsable ley de Arizona, hoy cuestionada ante la Corte Suprema, que revoca las licencias de negocios que a sabiendas contratan inmigrantes ilegales.

Los actos de la administración en otros aspectos envían un mensaje equivocado.  Janet Napolitano antes vetaba proyectos de ley de inmigración en su calidad de gobernadora, pero en calidad de secretaria de Seguridad Nacional ella defiende el empleo de la policía estatal y local como “multiplicadores de fuerza”.  La señora Napolitano necesita ponerle fin a los experimentos peligrosos como la 287(g) y el programa Comunidades Segura, los mismos que entregan vitales responsabilidades federales a policías locales sin entrenamiento ni supervisión, abiertamente facilitando la segregación racial y socavando la vigilancia comunitaria y la seguridad pública.

Estos pasos no son un sustituto a la reforma de inmigración, cuyo futuro es bastante oscuro luego de que el señor Obama comenzara alegremente a hacerle el quite la semana pasada.  Aún así el gobierno federal debe reaccionar vigorosamente ante el estatuto de Arizona.  ¿Es aún nuestra convicción básica la de asimilar a los recién llegados?  Arizona ya dio su respuesta.  Es hora de que Obama de otra respuesta.

 

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