Gobierno
y oposición interpretan como un éxito la aprobación por la Cámara de Representantes
estadounidense de un proyecto de plebiscito sobre el estatus
político de Puerto Rico que incluiría el mantenimiento del
modelo
actual.

Los dos principales partidos de la isla se declararon
vencedores
de un proceso que concluyó el jueves con la aprobación por parte de
la Cámara de Representantes de EEUU de un proyecto que, si se
convierte en ley, permitirá que por primera vez en 112 años lospuertorriqueños celebren un
plebiscito sobre su futuro estatus
político.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD),
Héctor
Ferrer, señaló que el gran ganador de la votación en la Cámara
de Representantes estadounidense fue "el Estado Libre Asociado
-ELA-", modelo de estatus que promovió en la década de los cincuenta
el fundador de su partido, Luis Muñoz Marín.

"El Congreso
estadounidense avaló y dio legitimidad al ELA", dijo
Ferrer, en relación a la inesperada inclusión en el proyecto de ley
de la opción de Estado Libre Asociado en la segunda consulta, en el
caso de que en la primera los puertorriqueños
optasen por un estatus
diferente.

"El ELA estaba solo y se incluyó, finalmente, como una
opción",
subrayó el presidente del opositor PPD, formación que apuesta por el
mantenimiento de la fórmula actual de estatus y de relación con los
Estados Unidos.

Ferrer resaltó que, no obstante, no cree que el
proyecto vaya a
convertirse en ley, ya que, en su opinión, no pasará el filtro del
Senado.

El presidente del partido de la oposición dijo que en el
caso
hipotético de que se llegará a aprobar como ley la iniciativa y se
celebrase un referendo, no tiene la menor duda de que la opción
preferida por los puertorriqueños
sería la de mantener el estatus
actual que representa el ELA.

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico,
el anexionista Luis
Fortuño, mostró su satisfacción por el resultado de la votación al
alcanzarse el objetivo trazado por su formación, el Partido Nuevo
Progresista (PNP), de que se consultase a los ciudadanos de la isla
sobre el estatus.

Fortuño dijo además que no tiene inconveniente
en que la
iniciativa incluya la opción del ELA, que de imponerse significaría
perpetuar el actual estatus.

"Hay un grupo de personas en Puerto Rico
que no quiere que se
consulte al pueblo, pero esta opción ganó por una inmensa mayoría.
En vez de tres opciones son cuatro, no hay ningún problema", dijo
Fortuño.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Partido
IndependentistaPuertorriqueño (PIP), Fernando
Martín, apuntó que el resultado
en Washington "no tiene mayor trascendencia", ya que, dijo, "ninguna
consulta que incluya la posibilidad de anexión será aprobada en el
Senado".

Martín destacó que la iniciativa aprobada sería "una
oferta" por
parte estadounidense que nunca fructificará en el Senado al tratarse
de una invitación para que los puertorriqueños
se unan a los Estados
Unidos.

El líder independentista dijo que ahora, en el Senado,
podría
tener lugar un "simulacro" de atender el asunto del estatus, pero
que no fructificará, tanto por la falta de tiempo de esa cámara como
por el hecho de haberse incluido la opción de que Puerto Rico
pueda
unirse al país norteamericano como un estado más.

Dijo que
Washington sólo aceptará con garantías abordar el asunto
del estatus de Puerto Rico si la iniciativa sale de la isla y
existe
consenso en la propuestas a presentar por parte de los ciudadanos
del actual Estado Libre Asociado.

El proyecto 2499, que fue
aprobado por 223 votos a favor y 169 en
contra, contempla la realización de dos consultas sobre el estatus
de la isla.

En la primera, los electores deberán pronunciarse
sobre si
quieren permanecer con el estatus actual de Estado Libre Asociado, u
optan por un cambio.

De salir adelante la segunda, habría otro
referendo con cuatro
opciones, la anexión, la independencia, la libre asociación, o el
ELA.

La ultima opción no figuraba en el texto inicial, pero se
incluyó
mediante una enmienda introducida por la republicana Virginia Foxx.

Algunos
analistas de la isla destacaron que el resultado
supone que el ELA se incluya en las dos partes de la consulta, lo
que hace más complicado que pueda alterarse el actual estatus dePuerto Rico.

Además,
recuerdan que los cálculos preliminares de celebración de
esa hipotética consulta apuntan a un coste de unos 6 millones de
dólares, cuando el país se encuentran en una profunda crisis
económica y presupuestaria que por cuarto año consecutivo golpea a
la isla.