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Panorama escalofriante para inmigrantes en México

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Amnistía
Internacional (AI) denunció el miércoles,
en un informe presentado en México, la existencia de un "panorama
escalofriante" para los indocumentados que cruzan este país, ya que
sufren secuestros, violaciones y otros abusos a sus derechos
humanos, los cuales por lo generan quedan impunes.

"La
persistente inacción de las autoridades para enfrentar los
abusos cometidos contra los migrantes irregulares ha hecho que su
viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo",
explicó a la prensa el activista Rupert Knox, investigador del
secretariado de AI.

El estudio, titulado "Víctimas invisibles:
Migrantes en
movimiento en México", recuerda que en 2009 un total de 64.061
indocumentados fueron detenidos por el Instituto Nacional de
Migración (INM), de los cuales el 94,2% procedía de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Del total, un 93,8% fue
deportado o repatriado voluntariamente, y
sólo un 4,4% tuvo la posibilidad de regularizar su situación.

El
análisis documenta muertes y desapariciones, secuestros,
amenazas y agresiones sufridos por los "sin papeles", quienes
también fueron víctimas de un uso de "fuerza excesiva en su contra",
víctimas de robos y de extorsión.

AI recuerda que uno de cada
doce inmigrantes de los que pasan por
México es menor de edad, y que 6 de cada 10 mujeres "sufren
violencia sexual", violaciones en algunos casos.

Muchos "se
enfrentan a una crisis de derechos humanos que les
deja prácticamente sin acceso a la Justicia por miedo a represalias
y a ser deportados" si denuncian esos abusos, destaca el documento.

"México
tiene la responsabilidad de prevenir, castigar y remediar
los abusos, tanto si los cometen bandas delictivas como si son obra
de funcionarios públicos", indicó Knox.

El guatemalteco José
Alberto Donis, quien logró el sueño de
muchos, llegar a EE.UU., pero fue deportado de ese país, contó cómo
fue asaltado por policías en julio de 2008 y denunció el caso, pero
su acción no sirvió para nada.

Relató que los asaltos al tren que
recorre México de sur a norte
son recurrentes y que en ellos incluso participan agentes de la
Policía en complicidad con bandas de criminales.

"No es posible
que ninguna autoridad detenga esto (...) Da
coraje, tristeza, todo lo que está pasando, lo que me pasó a mí, lo
que les sigue pasando a ellos (...). ¿Hasta cuándo se va a detener
todo esto, hasta cuándo?", se preguntó.

Mientras se liberaba el
informe, la Secretaría de Gobernación
(Interior) de México emitió un comunicado donde "comparte la
preocupación" de AI por el tema "y reconoce la complejidad y la
urgencia de atender el fenómeno delictivo que padecen algunos
migrantes".

Admite que tras los abusos hay una criminalidad
organizada que
"ha diversificado su actuación extendiéndose hacia otras actividades
ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes, que por su
condición de vulnerabilidad se convierten en blancos de delitos como
el secuestro, la trata (de personas) y la extorsión".

El Gobierno
recuerda algunas de sus acciones, como haber
fortalecido los Grupos Beta, que buscan "proteger la integridad
física y patrimonial de los migrantes, con independencia de su
nacionalidad y de su calidad migratoria", y reforzar la atención "a
los menores" que emigran.

No obstante, para los activistas estos
esfuerzos no han sido
suficientes y demandan "acciones inmediatas".

AI recomienda en
concreto que haya "reformas legislativas para
garantizar el acceso a la Justicia para los migrantes".

Ante
ello, el Gobierno contesta que el Legislativo está
trabajando en reformar la Ley General de Población para que "no se
pueda negar o restringir a los extranjeros" el acceso a la Justicia
en asuntos de derechos humanos.

Otra exigencia de la ONG es que
en México haya "un grupo especial
federal para coordinar e implementar las medidas" de defensa de los
indocumentados, y que se hagan públicos los "datos sobre los
abusos", prácticamente inexistentes.

El activista Rubén Figueroa,
quien apoya a los indocumentados en
Huimanguillo, estado de Tabasco, sostuvo que a una persona que
intenta llegar a otro país no debería tratársele como a un
delincuente.

"Ellos no son criminales en ningún momento. Son
gente valiente
que va en busca de una vida mejor", concluyó Figueroa.

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