Este resumen detalla las peligrosas consecuencias sociales, legales y económicas que la nueva ley de inmigración en Arizona, la 1070 tendrá en cada comunidad del estado.

La Gobernadora de Arizona Jan Brewer firmó lo que ahora es la más punitiva y radical ley estatal anti-inmigrante en la nación. El impacto total de esta ley no se podrá medir en los próximos meses, pero ya está claro que será disputada en los tribunales porque niega derechos garantizados en la Constitución estadounidense. Y hasta que las cuestiones legales se resuelvan, la nueva ley tendrá un efecto perjudicial en la economía de Arizona, también como en los presupuestos de las ciudades y del estado.

La ley básicamente legaliza la discriminación racial

La ley pone a las comunidades de color en la mira al requerir a los empleados del gobierno estatal y local que determinen si una persona está legalmente en los Estados Unidos basado en una “sospecha razonable”.
Expertos jurídicos mantienen que la ley resultará en la discriminación racial, ya que no les prohíbe a los agentes de policía el usar la raza o etnicidad para decidir a quién investigar. Por supuesto que no todos los habitantes de Arizona lucen igual. Como los Estados Unidos, Arizona es un estado diverso con múltiples generaciones de ciudadanos estadounidenses. Tres de cada 10 habitantes de Arizona son hispanos, uno de cada 10 es indígena estadounidense, y el 13 por ciento son nacidos en el extranjero.
La ley socava la Constitución y responsabiliza a la policía local con autoridad federal.

Arizona está intentando concederle a la policía local la autoridad de arrestar por violaciones administrativas de leyes federales de inmigración, aunque la policía estatal ni siquiera tiene esta autoridad bajo ley federal.
Esta medida no requiere a la policía local tener una orden de registro o incluso sospechar que alguna acción ilegal haya ocurrido.
La ley tipifica como delito la solicitud de trabajo aunque las cortes previamente fallaron que el solicitar trabajo es una forma de expresión protegida bajo la Primera Enmienda.

La ley dañará la economía al nivel estatal y local

El National Employment Law Project señaló que ordenanzas anti-inmigrantes de menor escala han costado a localidades individuales millones de dólares. El Perryman Group, ubicado en Texas, calculó que si todos los inmigrantes no autorizados fueran retirados de Arizona, el estado perdería $26.4 mil millones en actividad económica, $11.7 mil millones en producto bruto estatal y aproximadamente 140,324 empleos.
El Immigration Policy Center señaló que, “con Arizona enfrentando un déficit presupuestario de mas de $3 mil millones,” la nueva ley aun “pone en más peligro el futuro económico del estado.”
El Alcalde de Phoenix Phil Gordon y otros líderes locales anticipan una caída de nuevos negocios en el estado debido a esta nueva dura ley. El vice alcalde de Phoenix Michael Nowakowski observó: “Somos el hazmerreír del país debido a estas leyes locas”.

La ley será cara y aislará a los policías de la colaboración con la ciudadana

La Asociación de Jefes de Policías de Arizona está firmemente opuesta a la ley por razones fiscales y de seguridad pública, señalando que el temor a los funcionarios gubernamentales disminuirá la disposición del público a cooperar con los policías en investigaciones criminales y “afectará negativamente la habilidad de las agencias de ley a través del estado a cumplir sus numerosas responsabilidades de manera oportuna.”
Los contribuyentes locales tendrán que pagar los cuantiosos gastos de largos litigios ante los tribunales.
Los costos de arrestar, detener, procesar, y transportar a los inmigrantes indocumentados fuera de Arizona agotará las tesorerías locales del gobierno. Se calcula que habían 460,000 inmigrantes indocumentados en Arizona a partir de enero del 2009, conformando el 4 por ciento de la población del estado. Si el gobierno federal llegara a deportar a la población indocumentada entera, el costo sería aproximadamente de $23,148 por persona, basado en un reciente estudio del Center for American Progress.
Arizona y otros gobiernos locales y estatales están tomando acción sobre inmigración porque el Congreso ha fracasado en promulgar una reforma inmigratoria integral que reestablezca la seguridad fronteriza, proporcione un programa de visas flexible para satisfacer las necesidades de negocios y familias, y que trate con los 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Este es un asunto federal y debe ser manejado por el Congreso inmediatamente antes de que otros estados empiecen a seguir el ejemplo de Arizona.