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Centroamérica también se opone a ley de Arizona

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México y los países del Triángulo Norte de
Centroamérica reaccionaron al unísono contra la nueva ley aprobada
en el estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos, que
criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

Guatemala, Honduras y El Salvador, además de México, los países
de la región que más emigrantes, documentados e indocumentados,
tienen en EE.UU., manifestaron sus temores por el efecto
discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos en ese país y
la persecución que se puede desatar contra éstos.

México alertó el sábado de que la decisión de la gobernadora de
Arizona, Jan Brewer, de sancionar la nueva legislación "representa
un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región
fronteriza y en América del Norte en su conjunto".

"El Gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en
apoyo de sus connacionales", expresó manifestó la Oficina de la
Presidencia mexicana a través de un comunicado.

El viernes, la Cancillería de ese país dijo incluso que se planteará
la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su
juicio, criminaliza a los inmigrantes.

Para el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Mario
Canahuati, la normativa promulgada "pisotea" los derechos de los
inmigrantes.

"Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente", dijo
este sábado Canahuati, quien subrayó que "hay que ver de qué manera
se baja ese impacto, que sin duda alguna va a perjudicar a una
cantidad enorme de centroamericanos, particularmente hondureños".

Por su parte, el Ejecutivo guatemalteco expresó en un comunicado
su "profunda preocupación por la ley recién aprobada y consideró que
ésta "amenaza las nociones básicas de justicia".

"El Gobierno de Guatemala lamenta que esta normativa haya sido
aprobada y coincide con el presidente estadounidense, Barack Obama,
(que calificó la disposición legal como "mal encaminada") en que
este tipo de leyes amenazan las nociones básicas de justicia", según
el documento oficial.

También el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, manifestó el
viernes su temor porque la ley desate "una persecución contra
personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a
la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos".

Poco antes de que Jan Brewer promulgara la ley, Martínez indicó
que El Salvador expresaría su preocupación "en los espacios de
diálogo" que mantiene con el Gobierno federal de Estados Unidos.

Su ministerio alertó en un comunicado que la ley "criminalizaría
la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de
los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico".

Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los
inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera
construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en
la costa oeste del sur del país, y en ese estado viven más de 1,8
millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos
unos 420.000 inmigrantes sin papeles.

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