El Supremo mexicano ordenó el miércoles a la
Justicia mexicana "la liberación inmediata" de dos indígenas otomíes
encarceladas en México desde agosto de 2006 por haber supuestamente
secuestrado a seis policías.

Fuentes de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
dijeron que la Primera Sala, compuesta por cinco magistrados,
giró un telegrama al juzgador para que queden libres Alberta
Alcántara Juan, 31 años, y Teresa González Cornelio (26 años),
presas en Querétaro, "porque no son responsables" de los delitos que
les imputaron.

A las dos se les había acusado de secuestrar a
seis policías
federales por lo que en 2006 fueron condenadas a 21 años de cárcel.
A Alcántara, además, se le señaló de posesión de cocaína, aunque por
ese delito no se le sentenció.

Una tercera indígena, Jacinta
Francisco Marcial, fue liberada el
año pasado después de que un juez reabriera el caso y la fiscalía
retirara los cargos por presiones de organismos de derechos humanos.

La
fuente de la SCJN dijo que los cinco magistrados decidieron no
esperar a notificar, sino enviar un telegrama al juzgador para que
queden en libertad de inmediato, lo que podría ocurrir en las
próximas horas.

Uno de los abogados de las indígenas, Leopoldo
Maldonado, del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a Efe que
la resolución de hoy era "un primer paso hacia la justicia integral"
en México.

Señaló que debería haber un resarcimiento de daños, no
sólo
"económicos" sino "psicológicos", y que era necesario "de manera
simbólica que el Estado reconozca que se equivocó".

Además,
Maldonado señaló que en México es necesario que "a través
de leyes se establezcan garantías de no repetición" de este tipo de
casos, en los que acaban en la cárcel falsos culpables.

"Aquí lo
más preocupante es que la institución encargada de
procurar justicia, la Fiscalía, fabrica las pruebas. Y esas las
valida un juez", sentenció.

Por otra parte la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH) consideró en un comunicado que finalmente "se ha hecho
justicia" en un caso que nuevamente ha destapado las carencias del
sistema jurídico mexicano.

Las indígenas fueron detenidas el 3 de
agosto de 2006 por el
presunto secuestro de seis agentes federales durante un operativo
policial en busca de droga y artículos piratas en una población del
central estado de Querétaro.

Según las indígenas, los agentes
llegaron a la comunidad de
Santiago Mexquititlán vestidos de civil, sin identificación,
desmontaron de manera violenta unos puestos de venta y se incautaron
de la mercancía.

De acuerdo con la Procuraduría General de la
República (PGR,
Fiscalía), tres de las indígenas que trabajaban allí retuvieron
durante varias horas y por la fuerza a los policías, por lo que se
les acusó de secuestro.

En marzo pasado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
mexicana se apropió del caso después de estimar el argumento de
Alberta Alcántara y Teresa González, cuya defensa denunció
irregularidades en la sentencia.

En México, con 107 millones de
habitantes, hay unos trece
millones de indígenas, en su mayoría en condiciones de pobreza y
marginación.