La crisis que vivió Honduras el año pasado, luego de que en junio de 2009 los militares derrocaron al ex presidente Manuel Zelaya -argumentando sus intenciones de extender su mandato-, es un escenario que parece recrearse en su vecino centroamericano.  

Nicaragua se halla sumida en una crisis institucional debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición desde que en enero Daniel Ortega aprobó un polémico decreto para prorrogar el mandato de funcionarios de varios poderes del Estado, a pesar de que la competencia para ello corresponde al Parlamento.

El Parlamento de Nicaragua reanudó el jueves su trabajo bajo un fuerte dispositivo de seguridad y mientras, seguidores del presidente Ortega, continuaban sus protestas violentas.

Ese día, los simpatizantes del mandatario sandinista causaron destrozos en ventanales del edificio del Parlamento, pese a que en su interior se reanudaron las labores legislativas, luego de dos días de violentos disturbios en Managua.

Los seguidores de Ortega, que iniciaron sus protestas el martes para obligar a los opositores a reanudar las tareas legislativas, interrumpidas desde el 25 de febrero pasado, lanzaron los artefactos como una forma de celebrar el reinicio de las sesiones plenarias bajo el grito “Ni un paso atrás” y quemando llantas.

Las parlamentarios volvieron a reunirse en sesión después de que el titular del Congreso, el sandinista René Núñez, convocara a directivos y a diputados a continuar sus labores.

El miércoles al menos cuatro vehículos fueron quemados en los disturbios, mientras dos periodistas denunciaron agresiones y miembros de la oposición hicieron lo propio ante la retención de 54 personas durante varias horas en la sede de un movimiento político, asediados por seguidores de Ortega.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó “su profunda preocupación” por los incidentes en la Asamblea de Nicaragua.

En busca del entendimiento, el dirigente instó a “resolver las diferencias políticas, particularmente entre los poderes del Estado, por medio del diálogo y conforme a los procedimientos previstos en la legislación nacional”.

El Parlamento nicaragüense funciona a medias desde octubre pasado, cuando comenzó a gestarse la actual crisis, después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema declararon inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.

Ese fallo, dictado por la Sala Constitucional en una sesión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que fueron sustituidos por sandinistas, fue criticado por la oposición, que entonces prometió unirse para contrarrestarlo. Ahora, los sandinistas acusan a la oposición de boicotear el trabajo del Ejecutivo, a lo que estos responden que Ortega quiere instaurar una “dictadura”.

En lo que va de año, los diputados sólo han conseguido aprobar una ley -para defender a los morosos de sus deudas con los bancos-, cuatro decretos y una resolución, sin carácter vinculante, sobre el polémico decreto presidencial, según la secretaría legislativa.

La crisis institucional nicaragüense alcanzó de pleno la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados sandinistas y liberales se tildaron mutuamente de “matones” y hasta se dieron ultimátums para abandonar las oficinas de ese poder del Estado.

Presidente de Corte Suprema denuncia amenazas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Manuel Martínez, denunció el miérvcoles que ha sido amenazado a través de llamadas telefónicas y de correos electrónicos por desconocidos, en medio de la profunda crisis institucional que atraviesa el país.

“he recibido cinco correos (electrónicos) amenazándome”, denunció el magistrado Martínez, un liberal opositor, según el diario La Prensa.

El magistrado liberal consideró que quieren “atemorizarlo” para que dimita de su cargo y no descartó pedir a la Policía Nacional -donde aún no ha puesto la denuncia- escoltas de refuerzo porque las amenazas “podrían ser serias y no broma”.

Portavoces de ese poder del Estado confirmaron las amenazas que ha recibido Martínez, quien desconoce el fallo aprobado por magistrados sandinistas de la Corte a favor del controvertido decreto.

Ese fallo, dictado el viernes pasado por la Sala Constitucional en una sesión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que fueron sustituidos por sandinistas, fue calificada como un “golpe de Estado” por el magistrado liberal.

Martínez no descartó incluso invocar la Carta Democrática de la OEA, como presidente de un poder del Estado, “para que se sepa de los atropellos que se están cometiendo en contra de la democracia” en el país.