Una organización no gubernamental
(ONG) de
la comunidad jesuita en Colombia
aseguró este jueves en Bogotá que la
fiscalía de este país ha recibido denuncias sobre unos 150.000 casos
de ejecuciones extrajudiciales en zonas que están bajo la influencia
de grupos paramilitares.

La fiscalía "afirma que la exploración
en 400 municipios bajo
influjo paramilitar arroja 300.000 denuncias referidas a 150.000
ejecuciones extrajudiciales", dijo el coordinador del Banco de Datos
de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación
y Educación Popular (Cinep), el sacerdote Javier Giraldo.

El
religioso advirtió de que dicha cifra contrasta con los datos
que arrojan las confesiones de los pocos paramilitares que han
rendido versiones libres ante la entidad judicial.

Los
ultraderechistas "se refieren a 30.000 crímenes de ejecución
extrajudicial", señaló Giraldo durante una intervención ante el II
Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada,
Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que se reúne en Bogotá.

El
encuentro, que concluye este viernes, reúne desde el miércoles
a unos 400 delegados de 27 países de África, América, Asia y Europa,
convocados por una coalición de nueve ONGs de España, Guatemala y
Colombia.

"La fiscalía afirmó
recientemente haber exhumado 2.828 cadáveres
de 2.316 fosas, habiendo sido identificados y entregados a sus
familiares 721 restos óseos", dijo Giraldo.

El jesuita observó
que, también de manera reciente, se ha
denunciado que en la localidad de La Macarena (sur) existe "una sola
fosa con más de 2.000 cadáveres sepultados clandestina e ilegalmente
por el Ejército".

La fiscalía, continuó, también "afirma haber
abierto 50.000
expedientes por desaparición forzada desde finales de los años
ochenta, la mayoría de ellos inactivos".

La época mencionada
coincide con la reunión de los grupos
paramilitares en la organización Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que se disolvió a mediados de 2006 con el desarme de más de
31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno
del presidente Álvaro Uribe.

Además, la Fiscalía General ha
informado de que investiga más de
2.000 casos de víctimas de "falsos positivos", como se conoce en
Colombia el asesinato de civiles por
militares que los presentan
como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados ante
sus superiores y obtener beneficios.

"No se puede afirmar,
desgraciadamente, que la sociedad
colombiana esté conmocionada por
estas evidencias", se lamentó
Giraldo, quien criticó que los medios masivos de comunicación de su
país asignen a estas informaciones un espacio "enormemente inferior"
al que dedican a los deportes, la farándula o la delincuencia común.

El
responsable del Banco de Datos del Cinep dijo que esto "no es
desgraciadamente una novedad".

También señaló que "desde hace
muchos años los medios masivos
dedican muchas horas a la semana a darles la palabra a las familias
de los secuestrados por la guerrilla, cuyo número se calcula hoy,
con cifras del mismo Gobierno (...), en 66 casos", más no se le da
la difusión correspondiente a los casos de ejecuciones
extrajudiciales, dijo luego.

En estos mismos medios "no se dedica
ningún espacio a las
familias de los desaparecidos ni de los masacrados ni de los
privados injustamente de su libertad", enfatizó el sacerdote
jesuita.