El último presidente de la dictadura militar argentina, Reynaldo Benito Bignone, fue condenado a 25 años de cárcel. El Tribunal de San Martín le revocó al al militar de 82 años la prisión domiciliaria y lo obligó a cumplir su pena en una cárcel común. Bignone hace parte del grupo de 68 personas condenadas por crímenes durante la dictadura argentina. Secuestro, tortura, desaparición forzada y obstrucción en investigaciones son algunos de los cargos que le imputan.

Bignone fue el encargado del tenebroso centro clandestino de detención de Campo de Mayo, donde se estima que podrían haber desaparecido 8.000 jóvenes. Tristemente célebre por la unidad de maternidad donde dieron a luz cientos de detenidas y cuyos bebés desaparecieron.

El general recibió el veredicto en una sala adjunta, acompañado por otros cinco militares condenado, impávido, tranquilo, con aires de soberbia pero con la carga de una culpa escondida y la vejez a sus espaldas. Camino a la prisión, en medio de escupitajos y gritos de familiares de las víctimas, el militar aseguró, imperturbable, que no se arrepiente de lo que hizo y que lo volvería a hacer.

Los procesos contra los militares que implantaron el terror en Argentina comenzaron en 1983 en cabeza de del presidente Raúl Alfonsín. Iniciativa que produjo el llamado Informe Nunca Más pero que terminó en 1987 con la Ley De Obediencia Debida que amnistió a estos criminales de guerra. Dicha ley fue anulada y en el 2003 se reabrieron los procesos de casi 1500 personas (entre militares, policías y civiles) que perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Así lo reportaron El País y Contexto