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Policía también rechaza ley anti-inmigrante de Arizona

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Los jefes de Policía de diferentes ciudades de EEUU aseguraron hoy que si la propuesta que criminaliza la presencia de indocumentados en Arizona se convierte en ley su efecto sería "catastrófico" tanto para las comunidades como para las fuerzas del orden, a las que obliga a cumplir funciones migratorias.

"Esta iniciativa de ley nos demuestra la urgencia que existe de que el Gobierno federal ofrezca una solución justa al problema migratorio", dijo George Gascon, jefe del Departamento de Policía de San Francisco, California, y ex jefe de policía del departamento policiaco de Mesa, en Arizona, en conferencia telefónica.

Gascon afirmó que hay varios puntos en esta iniciativa de ley que le preocupan, entre ellos, el posible incremento de detenciones basadas en el perfil racial.

"Este proyecto de ley otorga el derecho a cualquier persona dentro del estado de Arizona a demandar a un departamento policiaco o ciudad si piensa que no está aplicando esta ley", dijo.

Enfatizó que el principal deber de los policías es combatir el crimen, pero esta ley los obliga a hacer cumplir leyes de inmigración ante el temor de ser ellos mismos demandados si no lo hacen.

Señaló que la SB1070 es un proyecto de ley que no cuenta con un presupuesto independiente por lo que el costo de su puesta en marcha caerá directamente en los departamentos policíacos locales.

Gascon indicó que en caso de que esta ley sea ratificada muy pronto podría expandirse a otras ciudades en otros estados tal y como ha ocurrido con otras propuestas en el pasado.

"Sin lugar a duda esta propuesta de ley en Arizona tendrá en efecto en todo el país", puntualizó el jefe de policía de San Francisco.

Un temor que comparte Harry Dolan, jefe policial de Raleigh, Carolina del Norte, quien afirmó que esta medida promueve la división entre las mismas comunidades y que puede causar que las personas, especialmente inmigrantes dejen de denunciar crímenes.

La SB1070, que se encuentra en el escritorio de la gobernadora Jan Brewer en espera de su ratificación o veto, convierte en un delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado.

Además permite a los policías estatales y locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos, así como penaliza a quienes transporten o den empleo a una persona "sin papeles".

La medida podría afectar a cerca de 500.000 inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Arizona, de acuerdo con estadísticas del Centro Hispano Pew.

La aplicación de leyes federales de inmigración por parte de agencias del orden locales es un tema que no sólo ha dividido a las comunidades y políticos en Arizona, sino también a las autoridades locales y estatales.

El alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, dijo a Efe que está listo para implementar la iniciativa en caso de convertirse en ley y recordó que su agencia es la única dependencia del orden en Arizona en aplicar la ley estatal anticoyote y llevar a cabo redadas bajo la ley estatal de sanciones a empleadores.

Arpaio actualmente se encuentra bajo una investigación del Departamento de Justicia de EEUU por acusaciones de prácticas de perfil racial en contra de hispanos.

Otro que apoya esta propuesta es el alguacil del condado Cochise, Larry Dever, quien dijo a Efe que su comunidad quiere una respuesta al problema de la inmigración ilegal tras la muerte del ranchero Robert Krentz el pasado mes de marzo presuntamente a manos de un traficante de indocumentados cerca de la frontera con México.

"La alternativa es hacer nada y hemos visto que hacer nada no funciona", enfatizó Dever.

El alguacil aseguró que la aplicación de esta propuesta no será una carga para su departamento, ni tampoco generara prácticas de perfil racial.

Por su parte, el alguacil del condado Pima, Clarence Dupnik y el alguacil del condado Santa Cruz, Tony Estrada, expresaron su oposición a la propuesta, asegurando no contar con los recursos económicos y humanos para implementarla.

Brewer tiene de plazo hasta el sábado a media noche para firmar o vetar esta propuesta, en caso de no tomar una decisión en este tiempo la iniciativa se convertirá automáticamente en ley y entrará en vigor 90 días después de que finalice la actual sesión legislativa a finales de mayo.

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